La Comisión Europea adoptó ayer el primer proyecto legal común de lucha contra el terrorismo internacional en la UE, que incluye la creación de una orden europea de busca y captura destinada a reemplazar los procedimientos tradicionales de extradición y un abanico de sanciones para los terroristas. El paquete de medidas comprende una lista detallada de sanciones penales para los autores de actos terroristas y una definición común de acto terrorista en la UE.
La propuesta comunitaria para la instauración de una orden europea de busca y captura pretende sustituir los procedimientos tradicionales de extradición por un sistema de entrega entre las autoridades judiciales de los diferentes países de la Unión. La iniciativa reposa en el principio del reconocimiento mutuo de decisiones judiciales y se convierte en la «piedra angular» de la cooperación judicial entre los Quince, como pidieron los líderes de la Unión en Tampere (octubre de 1999), según explicó el portavoz del comisario europeo de Justicia e Interior, Antonio Vitorino.
La propuesta de la Comisión establece la entrega en un plazo máximo de 90 días y el reconocimiento inmediato en toda la UE de la demanda de entrega dictada por jueces «ad hoc» de un país de la Unión. El juez del país solicitado dispondrá de 30 días para verificar si el magistrado del Estado demandante ha tramitado la orden en conformidad con las definiciones comunes y si se justifica ese mandato. La euro-orden será válida no sólo para los delitos de terrorismo, sino para la criminalidad transfronteriza en general. Cuando la autoridad judicial de un estado pida la entrega de una persona cuyo delito es susceptible de ser sancionado con una pena superior a cuatro meses, su decisión debe ser reconocida y ejecutada en todo el territorio de la UE.
Las iniciativas adoptadas ayer por el colegio de comisarios europeos en materia de terrorismo y crimen organizado serán sometidas hoy, jueves, a los ministros de Justicia e Interior de la UE, quienes planean aprobar la activación de una «célula antiterrorista europea» en el seno de Europol e impulsar medidas de lucha contra la financiación del terrorismo, así como reforzar la cooperación con EE UU en la batalla contra ese fenómeno. El Consejo examinará una propuesta de España, Portugal y la presidencia belga para crear «inmediatamente» equipos conjuntos de investigación antiterrorista integrados por magistrados y policías.
El Consejo llamará a todos los estados miembros que no lo hayan hecho aún a dotarse de medios jurídicos para luchar contra la financiación del terrorismo. También podría ampliar a los actos terroristas la decisión que adoptará en diciembre próximo sobre la congelación de activos y pruebas de movimientos de fondos de sospechosos.