Los diputados franceses dieron luz verde ayer a una propuesta socialista para recortar la inmunidad presidencial, con el telón de fondo del clima enrarecido de las relaciones entre los dos cabezas del Ejecutivo de Francia. Con 283 votos a favor y 241 en contra, la proposición de ley salió adelante, en primera lectura, con el apoyo de la izquierda, pero se considera improbable que pueda ver la luz antes de las elecciones presidenciales y legislativas de 2002.
Los tres grupos de la oposición conservadora rechazaron el texto, que consideran como una «maniobra» contra el presidente de la República, el neogaullista Jacques Chirac. Las investigaciones judiciales que salpican a Chirac son un caso de «empleos ficticios» y de presunta manipulación de la adjudicación de obras públicas para la supuesta financiación irregular de su partido, el RPR, cuando era alcalde de París (1977-1995).
La proposición de ley pretende modificar el artículo 68 de la Constitución francesa, que establece que el presidente sólo puede ser enjuiciado por la Alta Corte de la República (integrada por legisladores) y únicamente por delitos de alta traición. La propuesta socialista prevé que el jefe del Estado responda, a partir de 2002, ante los tribunales de Justicia normales -como cualquier ciudadanopor actos cometidos antes de su elección como presidente o que no tengan relación con su mandato.
Para evitar eventuales procesamientos carentes de fundamentos serios, la proposición, que introduce el término de «ciudadano-presidente», prevé un filtro denominado «comisión de demandas», que será la única que podrá dar luz verde a una iniciativa judicial contra un jefe de Estado. Además, para tratar de evitar susceptibilidades, el texto establece que la reforma sólo entraría en vigor después de la próxima elección presidencial, prevista para la próxima primavera.