El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, advirtió ayer de que los disidentes que se reúnan con los participantes a la IX Cumbre Iberoamericana deberán «enfrentar sus responsabilidades» por «violar la Ley cubana». Pérez Roque dijo en rueda de prensa que los mandatarios y participantes en la cumbre tienen «entera libertad de movimientos y de acción» durante su estancia, aunque eso incluya reunirse con disidentes, porque no son «prisioneros del Gobierno cubano, que los llevaría esposados y amordazados a las sesiones».
Sin embargo, reconoció que hay una Ley de Protección a la Economía Cubana y a la Soberanía Nacional, que castiga hasta con veinte años de cárcel a aquéllos «que distorsionen la realidad cubana» y subrayó que «la ley está en vigor, y es tan legítima como cualquiera de las otras legislaciones». La ley fue aprobada en febrero de este año por la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento). «Su aplicación no está en manos del Gobierno, sino de los tribunales y de los fiscales, que son quienes decidirán y siempre han decidido cuándo hay un delito», precisó.
El ministro calificó en todo momento a los disidentes de «instrumentos de los saboteadores» del Gobierno de Estados Unidos y de «sectores minoritarios» dentro de la comunidad cubana residente en ese país, mayoritariamente proclive a la normalización de relaciones entre Cuba y EEUU, según aseguró. El ministro atribuyó las reuniones con los disidentes a una supuesta campaña de la Oficina de Intereses de EEUU en Cuba y al Departamento de Estado de ese país, que «no pierden oportunidad en imponerles a los que vengan a Cuba como un requisito o una profesión de fe el reunirse con estos pequeños grupos que ellos en Cuba organizan y pagan».