La actitud del presidente Bill Clinton en el «caso Lewinsky» constituyen «crímenes contra nuestro sistema de Gobierno» y justifican su destitución, afirmaron ayer los fiscales en el último día de la presentación de sus argumentos ante el Senado.
«El ataque premeditado del presidente contra la administración de la justicia debe ser interpretado como una amenaza contra nuestro sistema de Gobierno», opinó Steve Buyer, uno de los fiscales. «El mantenimiento en el poder de un presidente culpable de perjurio y obstrucción a la justicia es incompatible con el mantenimiento de la ley», según otro fiscal, Charles Canardy.
«Nuestra Constitución requiere que ese presidente, que demostró tal desprecio por la verdad, por la Ley y por la dignidad de su cargo, sea juzgado por las acciones penal y delitos» posibles de su destitución», añadió.
Clinton traicionó «la confianza» que le acordó el pueblo
norteamericano, afirmó Henry Hyde, principal fiscal de la cámara de
Representantes.
Sin embargo, hasta ahora, los fiscales se tuvieron que conformar
con presentar la información recogida durante la investigación del
fiscal especial Kenneth Starr.
Ahora, desean convencer al Senado de la necesidad de convocar a una media docena de testigos, entre ellos Mónica Lewinsky, y eventualmente al presidente Clinton, para aclarar las diferencias en algunos testimonios.