Las elecciones generales celebradas el pasado 23 de julio han dejado un panorama muy incierto en España, ya que es muy difícil la conformación de un gobierno. El bloque de la derecha no suma y el de la izquierda necesita el apoyo de todos los grupos nacionalistas y, como mínimo, la abstención de Junts. Las exigencias que plantean no son fáciles de asumir para los socialistas; el partido de Carles Puigdemont ha retado al PSOE a hacerles una propuesta en base a la autodeterminación y la amnistía.
Lo que sí está claro es que el Congreso de los Diputados se constituirá el próximo 17 de agosto a las 10:00 horas. La sesión constitutiva estará presidida inicialmente por el diputado electo de mayor edad de los presentes, asistido, en calidad de secretarios, por los dos más jóvenes. El presidente declarará abierta la sesión y uno de los secretarios dará lectura al Real Decreto de convocatoria, a la relación de diputados electos y a los recursos contencioso-electorales interpuestos, con indicación de los diputados electos que pudieran quedar afectados por la resolución de los mismos.
Posteriormente, se elige la Mesa del Congreso. Concluidas las votaciones, los escogidos ocuparán sus puestos. El presidente electo presentará y solicitará de los demás diputados el juramento o promesa de acatar la Constitución, a cuyo efecto serán llamados por orden alfabético. El presidente declarará constituido el Congreso de los Diputados, levantando seguidamente la sesión.
A continuación, se trasladará al Palacio de la Zarzuela para informar al Rey, que podría convocar a los portavoces de los partidos políticos con representación en el Congreso la semana del 21 de agosto. Como pronto, el debate de investidura podría celebrarse a finales de agosto, aunque es mucho más posible que ya sea la primera semana de septiembre. Todo apunta a que no saldrá elegido presidente del Gobierno en la primera sesión, por lo que a las 48 horas habrá que convocar una segunda en la que basta la mayoría simple. Si no hay un candidato que consiga 167 'sies' se repetirían las elecciones.
En concreto, las Cortes se disolverían dos meses después de la primera sesión de investidura, es decir, en noviembre. No obstante, durante ese tiempo pueden continuar las negociaciones, pero si no sale adelante ninguna alternativa viable a los 47 días se volverían a celebrar los comicios. Por tanto, los españoles tendrán una nueva cita con las urnas en Navidad.