María de los Ángeles es autónoma y este domingo le ha tocado formar parte de una mesa electoral en un colegio de Palma, algo que supo hace solo una semana y que le ha supuesto una mala experiencia con la Administración. Esta ciudadana denuncia que pese a tener un argumento laboral para recurrir, por el perjuicio económico que le supondrá tener que acudir a la mesa electoral, se ha dado de bruces con un sistema que «me ha dejado totalmente desamparada y, además, se me ha tratado con mucha chulería por parte de algún funcionario».
Todo empezó el pasado viernes 14, cuando al llegar a su casa en el campo se encontró con un aviso de la Policía Local tirado en el suelo. Tras llamar al teléfono que constaba le comunicaron que debía acudir a la mesa electoral de un colegio, «que encima no era el mismo que el que figura en la notificación que me remitieron vía correo electrónico». María de los Ángeles decidió recurrir porque tiene un negocio, del que es propietaria y única empleada, que abre los 365 días del año, «y no me puedo permitir cerrar un domingo porque es el día de trabajo más fuerte de la semana», asegura.
Pasados los cinco días en que, se supone, debía recibir la respuesta, esta contribuyente decidió llamar por teléfono a Junta Electoral de Palma y entonces se le comunicó que su reclamación había sido desestimada bajo el argumento de que otra persona puede abrir su negocio, «¿con ello la Administración me está diciendo que por ese día puedo tener un empleado de forma ilegal?, se pregunta sin dar crédito. Tras intentar recibir una solución de la Junta Electoral Central, «y ver que Madrid y Palma se pasaban la pelota», la denunciante se personó en la oficina de la Junta Electoral de Palma para solicitar una copia del escrito y cuando se la dan observa con asombro que la petición está estimada.
«Al comentárselo a la funcionaria ésta me quita el papel de las manos, me dice que es una equivocación y me entrega otro papel en el que consta la desestimación», recuerda indignada.
Ya sin saber qué más hacer, esta persona muestra en ese momento su intención de presentar un contencioso administrativo, pero la funcionaria le indica «de muy mal modo, que si acudo sin procurador ni abogado no me van ni a escuchar», por lo que María de los Ángeles decide, al fin, hacer pública su experiencia para denunciar lo que considera «una total indefensión y un mal trato» de la Administración.