Los líderes del PSOE y de Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, han cerrado un principio de acuerdo para formar un nuevo Gobierno de coalición del que formaría parte como vicepresidente el secretario general de la formación morada.
Desde Podemos dan por hecho que Iglesias estará dentro de ese Ejecutivo de coalición aunque insisten en que lo primero es pactar un acuerdo programático y después se hablará de los sillones.
Otro de los nombres que ha sonado como posible ministrable en un Gobierno de coalición con el PSOE es el diputado de Unidas Podemos y exlíder de Equo, Juantxo López de Uralde. Las fuentes socialistas han indicado que desde el mismo lunes Sánchez e Iglesias han estado hablando sobre un preacuerdo de Gobierno de coalición.
Ha sido el propio Sánchez el que ha asumido el protagonismo de las conversaciones con Iglesias desde entonces, añaden las fuentes. Las negociaciones han avanzado con rapidez.
Alberto Garzón, coordinador federal de IU, ha anunciado en Twitter que Unidas Podemos y el PSOE han anunciado un preacuerdo. No obstante, juntos suman 155 escaños, por lo que tendrían que buscar otros socios hasta llegar a los 176 escaños que dan la mayoría absoluta.
Al parecer las negociaciones se iniciaron ayer mismo, justo después de las elecciones del 10N.
La Vanguardia avanza que será un pacto sin vetos, por lo que Pablo Iglesias podría formar parte de ese hipotético de coalición e incluso Efe asegura que será el vicepresidente. Además, señala que el preacuerdo fija diez líneas de actuación prioritaria.
En concreto, se trataría de la lucha contra el cambio climático y transición energética; políticas feministas de lucha contra la violencia machista y de fomento de la igualdad retributiva real y combate de la trata y la explotación sexual; una ampliación de los derechos sociales que abarca desde la muerte digna hasta la diversidad de identidades y el derecho a la memoria y la dignidad; el combate de la precariedad y el desempleo, a través de una reforma (o contrarreforma) laboral que recupere los derechos de los trabajadores; un eje de políticas económicas y sociales que combine la protección de los servicios públicos y sistema de pensiones; así como el blindaje del derecho a la vivienda; y acciones urbanas como el control de la expansión de las casas de apuestas.
La Vanguardia también anuncia que en cuanto al conflicto en Cataluña, el «preacuerdo es ambiguo, es decir, muy ancho: con objetivos como garantizar la convivencia y la normalización de la vida política con fórmulas de diálogo para el entendimiento y el encuentro, a la vez que se apuesta por fortalecer el Estado de las autonomías».
(Habrá ampliación)