Hoy en día, aún una de los principales incógnitas es saber realmente el impacto que está teniendo la crisis relacionada con la COVID-19 en los hogares y, especialmente, en los colectivos más vulnerables. En este sentido, los datos oficiales disponibles para el seguimiento de la pobreza y la exclusión social desde el inicio de la pandemia son muy limitados, aunque a medida que pasen los meses podremos conocer la magnitud del seísmo.
De acuerdo con el informe regional auspiciado por BBVA Research, Balears será la fuerza tractora del crecimiento de la economía española en 2022. Sin embargo, ante esta afirmación, hay que tener en cuenta que la tasa de crecimiento del PIB, indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio en un determinado periodo de tiempo y que se utiliza para medir la riqueza que genera un país o una región en nuestro caso, proporciona un reflejo muy incompleto de lo que sucede en nuestra comunidad autónoma, al no recoger cómo la renta generada por dicho crecimiento se distribuye entre la población. En este sentido, por si mismo el incremento del PIB no garantiza una mejora de las condiciones de vida de las personas y ello se hace patenten en las Illes Balears, que por su alta dependencia económica del sector turístico y el impacto de la pandemia , es una de las comunidades autónomas en las que más ha crecido la desigualdad y la pobreza en los últimos años. No en vano, según CaixaBank Research, la desigualdad en nuestras islas se disparó casi 22 puntos entre febrero y mayo de 2020, hecho que aunque ya quede lejos, persiste y ha afectado principalmente a los hogares que todavía no se habían recuperado de la crisis de 2008, los cuales corren el riesgo que su situación se cronifique. Cabe destacar que cuando se habla de vulnerabilidad social, se suele pensar exclusivamente en personas de bajos ingresos. Sin embargo, dicho concepto es un término complejo y multidimensional, que afecta no solo a los grupos con rentas bajas sino también a otros colectivos que sufren privación de servicios básicos, dificultades de acceso a derechos y/o falta de igualdad de oportunidades.
De acuerdo con el Informe del Estado de la Pobreza de EAPN-Illes Balears 2021, el 22% de la población en el Archipiélago se encuentra en situación o en riesgo de pobreza y exclusión social. Respecto a la Privación Material Severa, que es un indicador de la dificultad que tienen las personas para consumir algunos productos considerados básicos, definidos a nivel europeo, este se sitúa en un 6,9% en Balears, siendo los ítems más destacables, no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada, no poder hacer frente a gastos imprevistos y no poder disponer de un ordenador. Por su parte, el Informe FOESSA 2022, publicado recientemente y titulado «Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19», apunta que los colectivos más afectados por la crisis son los jóvenes, las mujeres y la población con peor cualificación profesional.
Así pues, si las Illes Balears quieren crecer debe reducir las desigualdades y poner en el centro de sus políticas a las personas, dado que los altos niveles de desigualdad conllevan, entre otras problemáticas, conflictos sociales y reducen las perspectivas de un mejor mercado laboral al impedir que la economía pueda aprovechar todo el potencial de los colectivos más vulnerables. Por tanto, hablar de pobreza y desigualdad es hablar de economía y acabar con ella está en nuestras manos, no solo por razones éticas sino por razones económicas, porque un reparto equitativo genera más eficiencia y atrae el crecimiento.