La democracia americana fundamentada en el municipio como primer escalón de participación no tuvo ningún reparo en iniciar un proceso de reforma de las alcaldías con la finalidad de incrementar las garantías de buena gestión, sin renunciar a la más genuina representatividad.
Ciertamente, la gestión de muchos temas municipales no es sencilla, requiriendo de personas formadas y capacitadas para ello, más allá de ideologías y partidos. Una ciudad que consiga una mayor eficiencia en temas municipales goza de una ventaja competitiva que se transmite a sus habitantes y empresas, que ven incrementadas, de esta forma, sus potencialidades, lo cual también es extensivo a todos los servicios sociales locales.
Seguramente por eso, en 1908 en Staunton (Virginia) un hombre de negocios llamado Richard Childs se empleó a fondo para sustituir a los llamados Strong-Mayor (alcaldes fuertes con casi plenos poderes) por los City-Manager, con el objetivo de alcanzar una gestión más profesionalizada, económica y eficaz, evitando el clientelismo y asegurando un estricto cumplimiento de todas las leyes, preservando, al mismo tiempo, el democrático juego de los partidos políticos.
La fórmula resultó exitosa, de modo que, poco a poco, se va extendiendo a muchas ciudades norteamericanas, canadienses y australianas; también británicas y holandesas.
El City-Manager no es elegido, sino que es contratado por el pleno municipal por un período de tiempo distinto al de los concejales que lo nombran. Se evita así que en su despido, que ha de estar acordado por la mayoría de los ediles, puedan influir motivaciones distintas de las inspiradas en sus resultados.
De esta forma, el pleno pasa a ejercer, únicamente, lo que se podría denominar una labor legislativa, quedando en manos del City-Manager la labor de ejecución. Así, el primero diseña la hoja de ruta política a seguir, que será implementada por el segundo, por lo que este tiene que ser una persona con altos conocimientos jurídicos, económicos y de gestión, sin pertenecer a ningún partido. De hecho, se trata de unos profesionales altamente cualificados, cuya cotización está vinculada a los buenos resultados que obtienen.
La contratación de los efectivos municipales está a su cargo en pro de tener en consideración solo las necesidades reales del ayuntamiento y los méritos de los candidatos. De este modo se elimina por completo la posibilidad de incorporar cargos de confianza; se libera al alcalde de las presiones de algunos ciudadanos para obtener algún tipo de prebenda, y/o la paralización administrativa derivada del pánico de cometer un error con consecuencias mediáticas y judiciales.
Desde luego este modelo es difícilmente trasladable a España; sin embargo, la creación de la figura de un gerente municipal independiente paralelo a los actuales alcaldes y consistorios quizás sea un asunto a meditar.