«Hoy en día nos cuesta muchísimo dar el servicio que toca en las bibliotecas y acercar la cultura a la sociedad, como para que ahora los centros y, en su defecto, los usuarios, tengan que asumir el coste del préstamo de libros». Con estas palabras de desánimo reciben desde la Xarxa de Biblioteques Municipals del Ajuntament de Palma el nuevo reglamento que desarrolla una directiva europea de 2006, por el que los centros de titularidad pública pagarán a las sociedades de derechos de autor por los libros prestados, excepto las de las poblaciones con menos de 5.000 habitantes, los ‘bibliobuses' y las de centros educativos. Esta normativa entrará en vigor el 1 de enero de 2016.
Fuentes de la red de bibliotecas de Cort avanzan que ya se está pensando en acciones para mostrar su rechazo a esta normativa, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 2 de agosto. Para ello, «estamos esperando a la próxima reunión de la comisión insular de bibliotecas para, entre todos [en referencia a las que pertenecen al Consell de Mallorca y al Govern, en este último caso, la de Can Sales, en Palma], confeccionar un convenio colectivo para adoptar las mismas acciones y ver si hay algún tipo de recurso legal para poder rechazar el canon bibliotecario», añade la misma fuente.
Legislación
Con la entrada en vigor de esta nueva legislación en 2016 serán las propias bibliotecas públicas, y no el Estado, como venía haciendo hasta ahora como compensación debido a esta directiva europea de 2006, las que tengan que hacerse responsables del ya bautizado ‘canon bibliotecario'. Así, los centros abonarán por préstamos de cada libro un total de 0,004 euros, y otros 0,005 euros, en este caso, por usuario inscrito que se haya llevado a casa uno de estos volúmenes. Además, las bibliotecas deberán aportar 16 céntimos de euro por libro comprado cuya finalidad contemple el préstamo.
Por su parte, Maria de Lluc Alemany, directora de Can Sales, única biblioteca de titularidad estatal, lamenta que «cuando la normativa entre en vigor, se deberá pagar sí o sí», aunque plantea otra posibilidad, «intentar consensuar con las diferentes instituciones [Govern, Consell y ayuntamientos] que el pago, o parte de él, lo sigan asumiendo», tal y como se rige este asunto en la actualidad. Pero de momento todas estas posibilidades para esquivar el canon «son teorías, hasta que no entre en práctica no sabremos cómo afectará». Tanto Alemany, como desde Cort, consideran que se trata de un nuevo «golpe» a los ya «recortados» presupuestos de los que han hecho uso en los últimos años por la crisis.
«Error»
Más de un año, y unas elecciones de por medio, aguardan hasta que esta directiva se materialice en nuestro país, aunque desde Cort lo tachan de «error», ya que «no se puede equiparar lo que se destina a equipamiento y libros en España con países como Finlandia o Suecia».