Sindicatos de la Sanidad Pública madrileña han anunciado una demanda de conflicto colectivo histórica contra la Consejería que encabeza Fátima Matute por la «desprotección» a los 15.000 profesionales de Atención Primaria (AP) derivada de la ausencia de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, con incumplimiento «grave y reiterado» de la ley de 1995 que le obliga a ello.
Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad --Amyts-SAE-SIETeSS, CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, Satse y CSIF-- junto a la plataforma APSeMueve, que reúne a médicos y pediatras de este primer nivel asistencial, se han unido para llevar a cabo esta demanda de conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), con una exigencia de indemnización de 5 millones de euros, más 100.000 euros por cada día de retraso en su cumplimiento, por vulneración de derechos fundamentales al carecer de este plan.
Los seis sindicatos y la plataforma APSeMueve han recordado que se han logrado más de un centenar de sentencias condenatorias por distintas vías judiciales y distintas cuantías indemnizatorias contra la administración que les dan la razón en este asunto desde que se comenzaron a pleitear.
Entre ellas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) fijó criterio en el caso de un médico, al que reconoció una indemización de 8.000 euros. Según concluyó el alto tribunal, «la omisión de la prevención de la salud» del personal sanitario «no es cualquier infracción», sino que se trata de un «incumplimiento muy grave» y puede suponer una vulneración del derecho fundamental a la integridad física.
Hasta 120 millones de indemnización
En base a esta cantidad máxima de 8.000 euros, si los 15.000 profesionales de Atención Primaria presentaran demandas individuales, la indemnización que tendría que afrontar la administración superaría los 120 millones de euros. De momento, según los equipos jurídicos de estos colectivos, hay más de un millar de reclamaciones en curso.
La Consejería de Sanidad ha recordado que se dispone de Plan de Prevención de Riesgos Laborales desde 2019, dotado de 197 medidas. La planificación preventiva (las medidas concretas a implantar) se vieron frenadas por la pandemia en 2020 pero a día de hoy se continúa trabajando con una planificación «concreta y exhaustiva» durante todo este periodo, ya que los planes «se actualizan y enriquecen cuando es necesario hacerlo».
En una rueda de prensa conjunta en la sede de Amyts, el abogado de APSeMueve, Vicente Martín, ha subrayado que el TSJM condenó en 2021 a la Consejería por ello para negar que exista ese plan desde 2019. En todo caso, de existir, ha denuncia, no es conocido por los sindicatos. «Son manuales, documentos, fichas, pero no son planes de prevención de riesgos y no lo son no porque lo diga yo, que lo podría manifestar porque tengo documentos al respecto, sino porque lo ha manifestado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una sentencia del año 2021», ha alegado.
En la misma línea, el letrado ha recordado que «cualquier empresa privada de este país que hubiese incumplido de esta forma tan flagrante y tan evidente sus obligaciones preventivas» como según él ha hecho la Comunidad de Madrid, estaría cometiendo un delito de los tipificados en el 316 y 317 del Código Penal«. »Como la Inspección de Trabajo, que le ha hecho hasta 19 requerimientos, no les sanciona, les sale más barato no cumplir", ha apuntado.
Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad han adoptado esta medida, según han explicado, ante «la pasividad e indolencia de la Administración» y su «reiterado incumplimiento» de la normativa que lleva a una «situación de abandono» a los profesionales.
«La Gerencia de Atención Primaria del Sermás no está implementando los medios necesarios para que se desempeñe la actividad profesional con medidas de seguridad y salud adecuadas, por lo que se está poniendo en grave peligro la salud y la integridad de las personas trabajadoras en los centros de trabajo repercutiendo sobre asistencia a los usuarios», han indicado.
Según ha asegurado en reiteradas ocasiones, lo que buscan es negociar un plan y han recalcado su «interés y predisposición» a colaborar. «Los trabajadores de Atención Primaria se encuentran expuestos tanto a los riesgos de los lugares en los que trabajan como a los riesgos psicosociales a diario, sin que la Administración los resuelva ni los minimice realizando un Plan de Prevención», han denunciado.
Medidas del plan, según la consejería
Desde la Consejería de Sanidad han recordado que el Plan Psicosocial y de protección laboral se presentó a los sindicatos en un comité extraordinario celebrado el pasado mes de junio, y reiterado de nuevo en una convocatoria especial del Comité de Seguridad y Salud de Atención Primaria, celebrado el pasado mes de octubre. Además, recuerdan, en enero se planteó a los sindicatos, en el Comité de Seguridad y Salud, que realizaran y aportaran sus propuestas para enriquecer aún más el Plan, pero no contribuyeron con propuesta alguna.
Entre las principales medidas, se ha habilitado una aplicación informática donde todos los responsables van incluyendo tiempos e indicadores de las 197 acciones proyectadas y cada trimestre se realiza una evaluación del grado de implantación (la primera en diciembre). Del mismo modo, se ha realizado la evaluación de riesgos laborales de manera sistemática en el 99% de los puestos de trabajo o categorías profesionales, y en el 58% de los centros, incrementándose así estas acciones.
Según el departamento que dirige Fátima Matute, se ha logrado reducir en un 7% las agresiones a los profesionales en Atención Primaria en lo que llevamos de año y respecto a 2023. Como complemento, en noviembre se ha puesto en marcha un programa para formar durante este mes de noviembre a 400 profesionales en el abordaje de conductas violentas con la participación de agentes expertos de la policía nacional.
Igualmente, se ha reducido la carga de trabajo de estos profesionales, con una mejora psicosocial, «gracias al descenso en un 40% de las vacantes de medicina de Familia de enero a septiembre de este año, coincidiendo con distintas medidas como los incentivos económicos para cubrir puestos de difícil cobertura; a lo que hay que añadir la implantación en todos los centros de salud de las agendas de absorción en Medicina que repercute en la aminoración de la presión asistencial». En este sentido, remarcan, la Gerencia continúa con otras iniciativas para alcanzar el 100% de los objetivos asistenciales.
Entre otras medidas, desde la Consejería recalcan además la existencia desde 2021 de la Consulta Laboral monográfica de factores de riesgos psicosocial, atendida por médicos de Trabajo y que tan solo el año pasado canalizó 2.417 peticiones, o la formación de 2.800 profesionales en factores de riesgo psicosocial desde 2022 hasta este mes, además de sesiones formativas sobre planes de acogida, prevención de agresiones, y en sesiones de liderazgo y convivencia.
La Gerencia Asistencial de Atención Primaria también ha incrementado la seguridad de los centros sanitarios con un nuevo expediente en esta materia que incluye la instalación en 70 centros de salud de cámaras de vigilancia y a la vez y se ha reforzado el control o seguridad en todos los dispositivos de Atención Primaria y en específico en los PAC. Finalmente, también se ha incrementado la información y participación de los delegados de prevención con la creación de canales telemáticos (TEAMS), y uno por cada comité de seguridad y salud.