La Junta de Gobierno Local ha aprobado solicitar al Gobierno Vasco que San Sebastián sea declarada en su totalidad zona de mercado residencial tensionado. El alcalde, Eneko Goia, ha destacado que se trata de un «instrumento valido», pero ha advertido de que «un problema tan complejo como el de la vivienda difícilmente se soluciona con una ley» y ha pedido que no se crea que «esto es la panacea» para resolverlo.
El alcalde, Eneko Goia, y la concejala de Planificación Urbanística y Vivienda, Nekane Arzallus, han comparecido para explicar el procedimiento llevado a cabo y las razones esgrimidas para que la ciudad sea declarada zona de mercado residencial tensionado, así como las consecuencias que dicha declaración tendrá en el parque de vivienda.
Goia ha señalado que los documentos presentados han sido elaborados durante los últimos meses «por un procedimiento de urgencia, tal y como aprobó el pleno del Ayuntamiento». Se constata que Donostia/San Sebastián, «en su integridad, cumple con el criterio recogido en la Ley de Vivienda para ser declarada zona tensionada, que establece que la carga media del coste del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad convivencial, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares».
En el caso de la capital guipuzcoana, según ha recalcado el alcalde, «este indicador se sitúa en el 31,6% para el conjunto de la ciudad».
El Ayuntamiento donostiarra ha remitido un documento que se compone de una memoria justificativa, un diagnóstico de la vivienda en la ciudad y un plan específico de medidas a implementar.
El diagnóstico, elaborado por Donostiako Etxegintza, y compartido con todos los grupos municipales, asociaciones y profesionales del sector inmobiliario y diferentes entidades sociales, «corrobora la necesidad de declarar el municipio como zona de mercado residencial tensionado debido al especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda a precios asequibles para la población residente en el municipio y la posible formación de nuevos hogares».
Así, el regidor donostiarra ha asegurado que «tanto la memoria justificativa como el diagnóstico realizados concluyen que existen importante dificultades para acceder a una vivienda a precios asequibles en la ciudad, especialmente para colectivos más vulnerables».
De este modo, San Sebastián ha solicitado ser declarada en su totalidad zona de mercado residencial tensionado, que se asignen el conjunto de medidas y facultades administrativas previstas en la ley, y la aprobación del plan específico de medidas propuesto para la corrección de los desequilibrios de modo que pueda ejecutarse en un periodo inicial de tres años.
Consecuencias
Por su parte, la concejala de Planificación Urbanística y Vivienda, ha explicado que la declaración de zona de mercado residencial tensionada, una vez sea aprobada por el Gobierno Vasco, «tiene un primer impacto, principalmente en la regulación de los precios de los alquileres para vivienda habitual, de modo que se pueda evitar su incremento».
De este modo, ha diferenciado entre pequeños propietarios, es decir, aquellos que tienen menos de cinco viviendas en propiedad, y los grandes tenedores, esto es, aquellos propietarios de cinco o más viviendas.
«En el primer caso, los nuevos contratos que se realicen en viviendas que ya están en alquiler estarán limitados a la renta del último contrato y solo podrán darse incrementos de hasta el 10% en aquellos que tengan más de 10 años o cuando se hayan llevado a cabo rehabilitaciones en el inmueble, mejoras de eficiencia energética y/o de accesibilidad. Mientras que los nuevos contratos en viviendas que en los últimos 5 años no han sido alquiladas, el precio del alquiler será determinado por el Índice de Precios de Referencia en función de la ubicación de la misma y sus características», ha detallado.
En el caso de los grandes tenedores, según ha subrayado Arzallus, «hayan alquilado o no anteriormente una de esas viviendas, el precio del mismo siempre estará definido por el Índice de Precios de Referencia». A este respecto, cabe señalar que San Sebastián tiene un parque de 94.973 viviendas, de las cuales sólo el 3,1% (3.017) están en manos de 311 grandes tenedores, en su mayoría (62%) personas físicas.
En relación a la duración de los contratos que se encuentran en vigor, independientemente del número de viviendas que disponga el propietario, las personas arrendatarias podrán solicitar hasta tres prórrogas anuales en los mismos términos y condiciones.
Plan de vivienda
Nekane Arzallus ha explicado que la documentación presentada incluye un plan de vivienda «cuyo objetivo es contar con un parque de viviendas que reúna las condiciones adecuadas para la población en términos de habitabilidad, seguridad, accesibilidad, eficiencia energética, flexibilidad y diversidad, que permita dar respuesta a la problemática de tener que destinar al pago de la vivienda menos del 30% de los ingresos de las unidades convivenciales».
Para ello, el Plan propone cuatro ejes estratégicos: Fomento del alquiler asequible; actuaciones sobre el parque de edificios y regeneración urbana; el establecimiento de un sistema de prestaciones y ayudas al alquiler; y el fomento de sistemas de gobernanza y coordinación institucional.
En este sentido, ha detallado que «hasta 2027 se cotempla la creación de 1.900 viviendas de las cuales más del 50% tendrán algún régimen de protección pública».
Finalmente, el alcalde ha reiterado que «un problema tan complejo como el de la vivienda difícilmente se soluciona con una ley». «Todos los instrumentos pueden ser válidos o pueden ayudar en intentar dar una respuesta, pero yo quisiera que no creyéramos que esto es la panacea para dar una respuesta al problema de acceso a la vivienda que tenemos en nuestra ciudad y hay muchas cosas más de las que tenemos que actuar y de las que estamos intentando actuar y vamos a seguir actuando», ha asegurado.
En ese sentido, ha apuntado que «una que está en manos de un ayuntamiento que es el de promover nueva oferta de vivienda de distintas tipologías. Ese es nuestro empeño y nuestra principal ocupación y responsabilidad».
Oferta de vivienda
Arzallus, por su parte, ha reconocido que «han desaparecido viviendas del mercado de alquiler y en estos momentos, estamos hasta en municipios que no hay ninguna vivienda de alquiler». Goia, en esa misma línea, ha añadido que, según el propio sector inmobiliario, «la horquilla de desaparición, solamente con lo que fue la aprobación de la ley, se hallaba en un 30-40%».
De este modo, ha señalado que han comprobado que ha habido «un salto de ofertas de viviendas de alquiler de larga duración a alquiler de temporada, para soslayar los efectos de la ley de vivienda, porque entonces siguen estando sometidas al régimen de la ley de arrendamientos urbanos».
«Eso en sí es un fraude, porque si el objeto del contrato no es efectivamente real, eso no se puede hacer, pero si uno comprueba o mira en cualquier portal inmobiliario, pues encontrará que de repente aparecen ese tipo de ofertas que antes eran muy marginales», ha afirmado.
Por ello, ha insistido en que la respuesta por ley al problema de la vivienda «es una respuesta muy simple, lo digo sinceramente». «Creo que puede aportar, no lo voy a discutir, además tenemos un mandato plenario que nosotros cumplimos y respetamos la legalidad vigente siempre, pero no nos hagamos la ilusión de pensar que porque se aprueba una ley esto se va a solucionar, creo que el problema es mucho más complejo», ha concluido.