El Ayuntamiento de València ha incluido en sus ordenanzas fiscales de 2025 la nueva tasa de recogida y transportes de basuras, un pago que han de aplicar todos los consistorios españoles a partir de una normativa estatal emitida en cumplimiento de una directiva europea. Esa nueva tasa supondrá que la administración local de la capital valenciana recaude 47,6 millones de euros.
El equipo de gobierno de esta ciudad, presidido por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox, ha mostrado su rechazo a esa medida, que define como el «basurazo» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La primera edil expresó este jueves el rechazo de su equipo a ese nuevo gravamen, una posición que esta jornada ha ratificado la primera teniente de alcalde y edil de Hacienda, María José Ferrer (PP), en la rueda de prensa en la que ha hablado de la modificación de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento para 2025.
La Junta de Gobierno Local del consistorio ha aprobado este viernes la propuesta de ordenanzas para el próximo año, un documento que según Ferrer San Segundo aborda un «tema tan difícil» como la inclusión de esa nueva tasa de recogida de basuras. Ha indicado que contemplarla es algo que «van a tener que hacer todos» los ayuntamientos porque es un imperativo legal".
Desde el ejecutivo municipal se expone que «el artículo 11.3 de la Ley estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular exige a los ayuntamientos implantar una tasa específica, diferenciada y no deficitaria» en se sentido.
Igualmente, ha apuntado que se «restringe enormemente la concesión e importe de reducciones y bonificaciones fiscales para no incurrir la tasa en la infracción de ser deficitaria» y que se habla de la «obligatoriedad» de que entre en vigor en 2025.
El Ayuntamiento de València platea que «no puede asumir el coste del servicio de recogida/transporte de residuos» y que «está obligado a repercutirlo enteramente a los ciudadanos» a través del nuevo pago. «No la queremos», ha afirmado María José Ferrer San Segundo respecto a esa tasa, a la vez que ha destacado que desde 1986 este consistorio «está soportando como cargo a sus cuentas los portes del servicio de basura --de la casa a los vertederos-- en la parte que le corresponde exclusivamente».
«Sánchez obliga a cobrar a los valencianos 47,6 millones de euros», señalan desde el ejecutivo local. La responsable de Hacienda ha asegurado que esa ley nacional «es absolutamente contraria» a «la voluntad política» del equipo de Catalá, dirigida a «aliviar fiscalmente a los ciudadanos».
«Estamos ante un basurazo», ha insistido, además de aseverar que también hay «muchos alcaldes de la izquierda que no quieren imponer esta tasa a los vecinos».
El acuerdo adoptado este viernes en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València posibilita llevar al próximo pleno del consistorio, para su ratificación, las Ordenanzas Fiscales de esta administración para 2025, entre las que estará la citada nueva tasa por el servicio de recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos.
«Es la primera vez en la historia del municipalismo español que desde el Gobierno de España se obliga a todos los ayuntamientos a imponer una nueva tasa, el 'basurazo de Sánchez», ha insistido Ferrer San Segundo.
Consumo de agua
Para tender al pago por generación y como exige la ley, los técnicos han determinado las cuotas para esa tasa de recogida y transportes --también por coordinación y coherencia con todo el ciclo de gestión de residuos--, por el mismo criterio que emplea la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) para el tratamiento y la eliminación de las basuras con cargo a la conocida como tasa Tamer.
Así, el consistorio valenciano ha precisado que se tendrá en cuenta para el 'basurazo de Sánchez', «el consumo de agua, medido en un tiempo definido de doce meses, de la vivienda». En el caso de actividades económicas será modulando tanto por el consumo como por el Grupo de Actividades del CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas) al que pertenece.
El Ayuntamiento ha expuesto que se prevén 459.222 recibos entre viviendas, comunidades de propietarios y actividades. Para las primeras, se estima que para la mitad (201.843 de las 408.396) la cuota resultante será de 39,14 euro/año, equivalente a 0,11 euros diarios o 3,3 euros mensuales.
El concejal del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina, que ha comparecido junto a Ferrer San Segundo, ha explicado que «la nueva normativa» para recogida y transporte, «que desarrolla una directiva europea, obliga que la tasa financie por completo el servicio y que refleje el coste real --directo o indirecto-- de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos». El edil ha comentado que la EMTRE, «que en anteriores ejercicios ha asumido parte del servicio, ahora está obligada a aumentar» la Tamer «para que financie completamente el coste del servicio».
"mantendremos la histórica rebaja"
La edil de Hacienda ha manifestado que «para aliviar a los vecinos y comercios por el 'basurazo'», en el consistorio valenciano «mantendremos también para 2025 la histórica rebaja fiscal aprobada para 2024, la mayor bajada de impuestos y tasas de la historia de este ayuntamiento y de las grandes ciudades españolas».
En este sentido, ha asegurado que para el próximo año se consolidan medidas como «la reducción del 20% en el tipo de gravamen general del IBI de naturaleza urbana; la ampliación de la bonificación del 60% o 90% aplicable en el IBI a 4.000 familias numerosas que han ahorrado más de un millón de euros; o la bonificación del 95% en la plusvalía por causa de muerte entre familiares directos».
El equipo de gobierno municipal ha añadido que también para "reducir el impacto del 'basurazo', la nueva ordenanza contempla beneficios fiscales --con cobertura legal y restringidos en su cuantía para que la tasa no sea deficitaria-- como los dirigidos a para familias numerosas o con escasos recursos por vivienda habitual, usuarios de ecoparques, actividades económicas que usen el sistemas de recogida municipal de papel y cartón 'puerta a puerta' o reducción de residuos alimentarios.
Otros contenidos de las ordenanzas
Por otro lado, las Ordenanzas Fiscales para 2025 prevén que el tipo de gravamen del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) se armonice con los de la mayor parte de las grandes ciudades, quedando en el 4%. También incluyen bonificación del 95% a las comunidades de vecinos que acometan sustitución de fachadas ventiladas realizadas con aluminio y composite o procedan a la adaptación al Código Técnico de la Edificación.