El pleno del Consell ha aprobado este martes una declaración institucional de apoyo a la petición de la familia del poeta oriolano Miguel Hernández y por la que reclama al Gobierno de España que anule los sumarios judiciales que le condenaron primero a muerte y posteriormente a 30 años de prisión durante el franquismo.
Así lo ha acordado en un texto en el que «en nombre de todos los valencianos, y como reconocimiento a la memoria de uno de sus más ilustres ciudadanos», el Consell «manifiesta su firme adhesión a la petición de la familia de Miguel Hernández, así como de diferentes personalidades y entidades, para la anulación de los sumarios judiciales que en su día fueron abiertos contra él».
«Con esta declaración, la Comunitat Valenciana honra a Miguel Hernández, el poeta que desde su tierra natal elevó la voz por la libertad, la justicia y los derechos humanos, y cuyo legado nos compromete a seguir luchando por una sociedad más justa y digna», señala el texto que se aprueba, según la consellera portavoz del Consell, Ruth Merino, porque es el «momento de dar un paso adelante». La Generalitat enmarca esta declaración en la aplicación de la Ley de Concordia, aprobada el 26 de julio de 2024 en Les Corts con los votos de PP y Vox.
La declaración llega después de que el Ayuntamiento de Orihuela rechazara en un pleno la pasada semana, con los votos de PP y Vox (que forman el equipo de gobierno de la localidad), apoyar una declaración institucional propuesta por el PSOE para adherirse y apoyar la anulación de los sumarios judiciales contra el poeta. En el de Elche, Compromís y PSOE han aprobado, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox, pedir esa nulidad.
Miguel Hernández, nacido en Orihuela el 30 de octubre de 1910, es, según subraya la Generalitat, «una de las figuras más emblemáticas de la poesía en lengua española y un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia».
«Su vida y obra están profundamente arraigadas en la historia de nuestra Comunitat, y su legado ha elevado el nombre de Orihuela a nivel internacional. Nuestro poeta fue un firme defensor de la libertad. Fue condenado a muerte, pena que le fue conmutada por la de 30 años de prisión. Estas sentencias quedan contenidas en los sumarios 21001 y 4407. Miguel Hernández murió en la cárcel de Alicante el 28 de marzo de 1942, de tuberculosis», señala la declaración.
Actualmente, añade, «lejos de la época de posguerra y en un estado democrático en que las libertades no deberían estar en riesgo, es preciso que aquellos sumarios sean revocados». En esta línea, apunta que la familia del poeta, junto con un «amplio» número de entidades, colectivos y personalidades, «ha llevado a cabo durante décadas una lucha incansable para que se anulen estos sumarios, una solicitud que ya fue denegada en 2010 y 2013 por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional».
"reparación histórica"
Ahora, el Consell considera que la Comunitat Valenciana «como tierra de origen de Miguel Hernández y Orihuela, como su ciudad natal, no pueden ni deben permanecer ajenas a este llamamiento» y, por tanto, sostiene que la «reparación histórica» del poeta es, también, «una reparación de nuestra propia identidad y dignidad».
«Miguel Hernández es el hijo más universal de Orihuela y estamos seguros de que su lucha por la libertad y la justicia igual para todos los españoles, sean de donde sean, y ocupen el puesto que ocupen sería uno de los motivos de su vida», agrega, para subrayar que la Comunitat Valenciana «debe defender la figura de Miguel Hernández, y mostrar con orgullo, tanto en nuestras calles como en el resto del mundo, su obra y vida, por eso debe sumarse sin dilación a la petición de que las sentencias que lo condenaron sean anuladas».
Merino ha justificado en la rueda de prensa posterior al pleno en que es el «momento de dar un paso adelante» con esta declaración institucional, que parte de una solicitud realizada por la familia para que se acuerde esa nulidad de los sumarios judiciales, «y también unirnos a esta petición de la supresión de estas condenas».
"víctima política"
En este sentido, ha aludido a la aplicación de la Ley de Concordia aprobada en julio en Les Corts, y ha indicado que esta declaración institucional «cabe perfectamente porque se está haciendo un reconocimiento, al final, de una víctima política y es considerado una injusticia».
En la declaración, que se traslada a Presidencia del Gobierno, los ministerios de Justicia y Cultura y a los grupos parlamentarios de las dos cámaras, el Consell pide al Gobierno que anule los sumarios judiciales abiertos en contra del poeta y se realice una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a favor del poeta y su familia y que realice esta Declaración «en un acto institucional que se celebre en el entorno más adecuado, preferiblemente el 30 de octubre, día del nacimiento de Miguel Hernández».