El Ministerio del Interior ha asegurado que no ha efectuado ningún tipo de actuación para incluir a Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales, quienes fueron asesinados por la Guardia Civil tras ser erróneamente identificados como miembros de ETA el 10 de mayo de 1981, en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo al considerarlos únicamente como víctimas de la «violencia policial».
Así lo ha trasladado el Gobierno en una respuesta parlamentaria, consultada por Europa Press, dirigida al grupo parlamentario plurinacional Sumar, que reclamó los cambios legislativos necesarios para que las víctimas del 'caso Almería' fueran reconocidas como víctimas del terrorismo al representar uno de los episodios «más oscuros y vergonzosos» de la Transición española.
Según el Gobierno, la Ley 29/2011 de 22 de septiembre incluye en su ámbito de aplicación solo a «quienes sufrieron la acción terrorista desde 1960», es decir, aquella que fue llevada por «personas integradas en organizaciones o grupos criminales» o que no estuvieran en dichos grupos, que tuvieran por finalidad o por objeto «subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública».
Así, desde el Ministerio del Interior se apunta que se ha reconocido como víctimas del terrorismo «a fallecidos y heridos por hechos acaecidos durante la transición democrática, siempre y cuando la naturaleza de tales hechos haya sido calificada de acción terrorista».
En este contexto, el departamento que dirige el ministro Fernando Grande Marlaska se remonta a la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería del 30 de julio de 1982 que condenó a los autores de los tres crímenes por delitos de homicidio pero «sin determinar que en la comisión del acto delictivo hubiera mediado banda armada y, menos aún, un grupo terrorista».
Con ello, incide en que tanto los hermanos de Luis Montero García como los padres de Juan Mañas Morales solicitaron en el año 2000 una indemnización por el fallecimiento de sus parientes que fue desestimada --tras ratificación de la Audiencia Nacional en 2003-- por la falta de reconocimiento, toda vez que señala el reconocimiento de una responsabilidad civil en la sentencia.
Los cuerpos de los tres residentes en Santander, que emprendieron el viaje para acudir a la comunión del hermano de uno de ellos, aparecieron al día siguiente de su detención calcinados en el interior del vehículo en un paraje de Gérgal (Almería) tras haber sido torturados.
Desde Sumar se incidió en la necesidad de aplicar los cambios legislativos para reconocer a las víctimas de la violencia policial, de los grupos de ultraderecha y los grupos parapoliciales como víctimas del terrorismo y, por otro lado, la asunción de responsabilidad por parte del Estado y de la Guardia Civil, «quienes deben asumir plena responsabilidad y pedir perdón formalmente a las víctimas y sus familias».
En este sentido, recalcaron que las familias de las víctimas «han mantenido una lucha incesante durante más de cuatro décadas, en busca de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición».
«A pesar de sus esfuerzos, los avances han sido limitados y fragmentarios», señalaron desde Sumar puesto que «sólo tres de los once guardias civiles implicados fueron condenados, cumpliendo sus penas en condiciones privilegiadas, lo que pone de manifiesto un cumplimiento parcial de los principios de justicia».
Según Sumar, para alcanzar una reparación completa es «crucial» abordar tanto el cambio legislativo demandado como la asunción de responsabilidad por parte del Estado y la Guardia Civil más allá de la «serie de declaraciones institucionales y actos de disculpas» que han tenido lugar en los últimos años.
Diplomas de "reparación"
En concreto, fue el 20 de enero del pasado año cuando el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, pidió perdón «desde el corazón del Estado» a los familiares de Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero en un acto con la entonces directora de la Guardia Civil en el que se entregó a sus familiares unos diplomas de reparación.
Las tres familias recibieron unos diplomas de reparación por parte del secretario de Estado de Memoria Democrática y por parte de la entonces directora general de la Guardia Civil María Gámez, quien manifestó en nombre del Cuerpo que «aquellos terribles hechos en Almería no deberían haberse producido jamás», si bien el reconocimiento no supuso ningún tipo de declaración de los fallecidos como víctimas del terrorismo.
Durante el acto, Martínez subrayó la petición de «perdón» del Gobierno a los familiares de las víctimas, también por «el injustificado abandono de décadas» que sufrieron a nivel institucional. «Somos conscientes del extraordinario sufrimiento que habéis pasado y sabemos que este acto llega tarde», dijo antes de asegurar que no volverán a estar «solos».