El secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, ha defendido que el proyecto de ley de simplificación administrativa de la Generalitat persigue dibujar un «camino más fácil» a la ciudadanía, la Administración y las empresas, al tiempo que ofrece «más transparencia y claridad» a todas ellas. Mientras, desde la oposición, el PSPV y Compromís han sostenido que este decreto es «ni más ni menos» que una «enmienda a la totalidad» a la política económica del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y Vox lo ha apoyado al considerarlo «urgente y necesario».
Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local de Les Corts Valencianes, el secretario autonómico ha reivindicado que el decreto de simplificación administrativa es un «compromiso electoral» del 'president' Mazón para «aligerar las cargas de la Administración» desde una «visión transversal».
Para la ciudadanía, ha subrayado que el proyecto de ley «aumenta la transparencia y la comunicación» en sus relaciones con la Administración. Para ello, ha explicado, podrá acceder «de manera ágil» a documentos que ya haya presentado anteriormente. De esta manera, ha valorado que se mejoran las competencias, al tiempo que se ofrece «mucha más participación» y más «transparencia y calidad».
En cualquier caso, ha reconocido que la Administración autonómica «no está exenta de cosas a mejorar». De hecho, ha puesto como ejemplo de ello la propia comunicación entre las distintas consellerias, que «entre ellas hablan por registro de entrada y salida». «Para el mismo documento, tenemos tres números de registro», ha concretado García, que ha asegurado que se trata de una situación «un poco anómala para 2024». Para mejorar esta situación, ha indicado que la Generalitat realizará una auditoría para analizar los procedimientos administrativos.
En cuanto a las empresas, ha pedido «no hacernos trampas en el solitario» y ha recalcado que estas «buscan seguridad jurídica» a la hora de invertir. «La mejor política social es que haya empleo, trabajo y riqueza y que esta se redistribuya», ha apuntado.
Para ello, ha detallado que una de las cuestiones que incluye el decreto de simplificación es la creación del Canal Empresa para que todas tengan «centralizada la información, documentación y los expedientes». «Cuando una empresa quiere instalarse en la Comunitat Valenciana y pide un préstamo, si tardamos 2 o 3 años en darle la autorización, eso tiene un coste», ha advertido.
En cuanto a la Administración, ha resaltado la colaboración con los ayuntamientos: «Podríamos ir por la imposición o por la formación, y optamos por la promoción para dar facilidades». Asimismo, ha subrayado que, desde el punto de vista administrativo, el sistema será «mejor para los vecinos». «No creo que nadie se pueda quejar de esto», ha deslizado.
"han confundido simplificación con desregulación"
Desde la oposición, el diputado de Compromís Jesús Pla ha cuestionado la «urgente necesidad» del Consell para «modificar 29 leyes, 37 decretos, ocho órdenes y 500 artículos que afectan a prácticamente todas las materias» y ha acusado al Gobierno valenciano de pretender «apropiarse» de las competencias legislativas de Les Corts. «Han confundido simplificación con desregulación, no es lo mismo simplificar que arrasar el territorio», ha sostenido.
Además, ha considerado que este proyecto de ley es «ni más ni menos» una «enmienda a la totalidad» a la política económica del 'president' Mazón y ha advertido a García de que, si finalmente se aprueba, tendrá que dar «muchas explicaciones a los vecinos y alcaldes, que verán cómo sus términos municipales se llenan de estructuras de hierro sin que puedan mover un dedo». Y ha mencionado «ejemplos sangrantes» como que se puedan construir «cámpings y hoteles a 100 metros de la línea de costa», una posibilidad que ha advertido de que «contraviene la normativa europea».
Desde el PSPV, el diputado Ramón Abad, que ha calificado al secretario autonómico de Presidencia de «pagafantas», ha coincidido con Compromís en que este texto es una «moción de censura a su jefe», el 'president' Carlos Mazón. Por ello, ha preguntado a García si «ha temido» por su cese si este asunto «adquiere responsabilidad».
También ha considerado que este decreto es «el mayor desafío normativo que ha vivido la Generalitat» y ha censurado «las prisas y la desesperación» del Consell por pretender convalidarlo «una mañana de julio sin pena ni gloria y obviando la participación política y de la sociedad civil».
En este punto, ha subrayado que el Gobierno valenciano está «en soledad y minoría» porque ahora, tras la salida de Vox del Consell, Mazón «ya no tiene la servilleta en la mano para secarse las lágrimas de las rabietas políticas». «Sus socios les han abandonado y ahora se enfrentan a la soledad», ha insistido.
Desde Vox, David Muñoz ha mostrado su apoyo al decreto por ser, a su juicio, «urgente y necesario» porque, según ha sostenido, persigue «desburocratizar el funcionamiento y mejorar la eficiencia del sector público y privado». Así, ha considerado «fundamental» simplificar los trámites administrativos: «Todos los hemos sufrido y el entorno excesivamente burocratizado no facilita la creación de empresas».
Por su parte, la 'popular' Laura Chulià ha defendido que el Plan Simplifica es «el impulso que la sociedad valenciana necesita para avanzar sin trabas burocráticas» y ha resaltado que el decreto «viene a dar solución a los problemas reales de los valencianos». «No podemos permitir que la administración pública, en lugar de facilitar el progreso, lo imposibilite», ha afirmado.
Chulià ha defendido que el Consell «cumple su promesa de hacer realidad una administración más ágil y eficiente para mejorar los servicios públicos», al tiempo que ha hecho un llamamiento a la oposición para que apoye esta iniciativa. «Es una oportunidad para todos de contribuir a una administración más dinámica y efectiva, trae consigo grandes avances que beneficiarán a la sociedad en su conjunto», ha agregado.
"ningún problema" en incorporar enmiendas
En su turno de réplica, Cayetano García ha indicado que no hay «ningún problema» en incorporar enmiendas que pretendan «mejorar» el proyecto de ley para que tenga «mayor calidad». «Cuantas más, mejor», ha subrayado. A la vez, ha agradecido a Compromís su tono constructivo, mientras que al diputado del PSPV le ha requerido «algo más de respeto». «Por un minuto de tele, no ha comentado ni un artículo concreto», le ha reprochado.
Así, García ha pedido «coherencia» al representante socialista y ha argumentado que la «urgente necesidad» del decreto «queda acreditada desde el momento en que hay 9.000 millones de euros de inversión, 7.000 empleos y una sola persona que va a su ayuntamiento y no le atienden porque no tienen las capacidades tecnológicas». «¿No es urgente que una persona se muera esperando que se le reconozca la dependencia?», ha cuestionado.
Además, ha afeado a Abad que ahora que el PSPV está en la oposición critique el informe de la Abogacía de la Generalitat mientras hizo «oídos sordos» cuando gobernaba el Botànic y ha sostenido que el PP «no gobierna en minoría», sino que «tiene mayoría, aunque lo que no tiene es la absoluta». «Uno no puede discutir con alguien que no le da ningún argumento en contra», ha expresado García, que ha pedido «rebajar el tono» y «elevar» el nivel.