El grupo de Energía y Medio Ambiente del Movimiento ciudadano Teruel Existe ha acusado al promotor del Clúster Maestrazgo de «vender humo y milongas» en las declaraciones y respuestas que recientemente está difundiendo en medios de comunicación y redes sociales, «cuando es evidente que estamos ante el mayor ecocidio de España».
Así lo han asegurado en rueda de prensa Ernesto Romeo y Joaquín Gargallo, del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las autorizaciones de construcción para 15 centrales eólicas y dos fotovoltaicas del Clúster Maestrazgo, «del que todavía faltan otras cinco».
«Hablamos del proyecto eólico más grande de España», ha afirmado Romeo, «que, además, se ampliará porque Copenhagen Infraestructure Partners (CIP) ha dicho que la línea de muy alta tensión tendrá capacidad adicional para la evacuación de energía de futuros proyectos».
En su exposición, han contrastado con datos uno a uno varios asuntos divulgados por los promotores que consideran falsos.
Niegan las cifras de creación de empleo
Así, sobre las cifras de empleo que asegura CIP en 2024 en relación al Clúster, de «contribuir a mantener 3.547 empleos directos e indirectos» y que buscan favorecer «la diversidad y la integración del empleo femenino», han recordado los «numerosos estudios que apuntan a que la despoblación se ha acelerado en los municipios donde se han instalado centrales eólicas, además de los datos del INE sobre el padrón» y que «el propio Banco de España reconoce que la generación de empleo es escasa y temporal»
Han aludido también a un documento de la asociación Viento Alto, que incluye a los alcaldes favorables al proyecto, donde se cifraban los empleos en 700 personas en la construcción y 50 en mantenimiento.
«También dicen que las palas que se almacenan en el aeropuerto de Teruel son para el Clúster Maestrazgo, cuando el proyecto y la DIA establecen que se transportarán desde Castellón, por Morella e Iglesuela del Cid, cuando el transporte por las carreteras de Teruel es inviable por su tamaño», han continuado.
Del mismo modo, han recogido las últimas declaraciones de CIP indicando que la afección final sobre el Geoparque de la UNESCO en el Maestrazgo supondría un 0,19% de la superficie total, y Romeo se ha preguntado si «tampoco afectaría a un cuadro de Goya si le hacemos en el 0,19% 200 puntos y unas rayas».
Datos sobre la deforestación
Romeo ha explicado que ni el proyecto de construcción, ni el estudio de impacto ambiental ni la declaración de impacto ambiental evalúan la deforestación que se va a realizar y «ocultan la deforestación de gran parte de las líneas de muy alta tensión o establecen la valoración de franjas de 20-30 metros, cuando según la normativa en el vuelo de los cables en zonas boscosas se arrasa hasta 90-100 metros, como se ve en la línea de Morella».
Por su parte, Gargallo ha explicado que hay zonas «que no aparecen en la Declaración de Impacto Ambiental, pero que sí van a resultar afectadas, como las zonas de ampliación de pistas para llevar el material hasta las sierra». «Si computas absolutamente todo, te dan unas cifras inasumibles», ha precisado.
Con los datos del proyecto de construcción presentado, han calculado que se van a deforestar 995 hectáreas: 225 por los aerogeneradores, una por cada una de las subestaciones, 125 por los 208 kilómetros nuevos de pistas de acceso y 125 por los 3 metros de deforestación a cada lado del camino.
En sus palabras, CIP ha aportado ahora unas cifras de unos 100.000 árboles de zonas maduras --vírgenes--, lo que ven «una barbaridad inasumible, como tampoco lo es que digan que compensarán esto replantando pinos de un palmo».
Gargallo ha incidido en la fragilidad de los ecosistemas de estas sierra, «que es muy alta, por lo que no deberíamos destruirla así». «Los ganaderos en esto lo tenemos claro y hemos cumplido siempre cualquier pequeña norma», ha añadido.
En conclusión, han afirmado que «poner el foco en el número de árboles y no hacerte a la idea de que destruyen el ecosistema en su conjunto, hace pensar que la sociedad está bastante dormida».
Afecciones a los ganaderos
Por otro lado, han advertido de que no se contemplan las afecciones a los ganaderos de extensivo y que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) hace referencia a 31 explotaciones intensivas afectadas, situadas a menos de 500 metros de los aerogeneradores, pero no menciona las 198 explotaciones extensivas de ovino y vacuno que también se verían afectadas por la falta de agua, ya que en zonas a menos de 280 metros de estas máquinas se ha de eliminar cualquier punto de agua para proteger a murciélagos y aves.
«Entonces, ¿cómo van a abrevar nuestros animales? Si no pueden abrevar, no pueden pastar, es así de sencillo», ha aseverado.
«Esto lo expones en los plenos y los que están a favor te miran como si estuvieras medio loco y, cuando dices que esto lo pone en la DIA, te das cuenta que ni siquiera se la han leído», ha lamentado, a la vez que ha alertado de que «se están aprobando cuestiones de las que no se saben las consecuencias y es una irresponsabilidad política nunca vista».
«Al final, los ayuntamientos van a salir beneficiados en este desarrollo porque van a percibir ingresos, pero no los vecinos. Vamos a convertir al ayuntamiento en el peor enemigo de los vecinos», ha agregado.
"casualidad" de que las autorizaciones lleguen en verano o navidad
Romeo ha llamado la atención sobre la «casualidad» de que, de nuevo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya dado el visto bueno a las autorizaciones de construcción «en pleno puente de agosto» y que estas publicaciones siempre tengan lugar «en verano o Navidad».
Ernesto Romeo también ha trasladado las cifras de lo que han tildado como «inmenso negocio de Forestalia solo en la redacción del proyecto y consecución de autorizaciones».
Ha indicado que en los medios de comunicación del sector energético se estima que los costes de realización y autorización de los proyectos son de 40.000 euros por megavatio, «por lo que con los 763 MW del Clúster serán 30.520.000 euros».
Por último, han preguntado «a cambio de qué» el Gobierno de Aragón y el central «aprueban esta barbaridad», cuando este proyecto fue denunciado en enero de 2023 en Fiscalía por delito ambiental, se presentó recurso administrativo en marzo de 2024 y se han presentado Quejas en la Comisión Europea y Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (julio 2024) y se están terminando de preparar los recursos de alzada.