El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado este jueves que «se está quebrando el Estado de Derecho desde el Congreso» con la aprobación, esta mañana, de la ley de amnistía, que el Ejecutivo aragonés recurrirá y cuyos responsables son «los grupos que sustentan al Gobierno» de Pedro Sánchez.
Este es «uno de los días más trágicos de la democracia española», ha continuado Nolasco, en referencia al «ataque brutal contra el régimen constitucional y democrático que todos los españoles acordamos en 1978, que socava la división de poderes y vulnera el principio de seguridad jurídica», ha aseverado Nolasco, añadiendo: «Aragón no es una comunidad de segunda o de tercera por más que el Gobierno central muestre su empeño en pisotearnos continuamente».
Ha indicado que se ha reunido el grupo de trabajo del Gobierno de Aragón que prepara el recurso ante el Tribunal Constitucional «contra esta infame ley, que atenta contra la igualdad de todos los españoles». El plazo es de tres meses.
Nolasco ha comentado que «Aragón fue la primera comunidad en anunciar que presentaría este recurso y utilizará todos los medios a su alcance ante quienes quieren menoscavar los derechos y libertades; seremos pioneros en la presentación de este recurso».
El también consejero de Política Territorial, Despoblación y Justicia, ha dicjo que el Consejo Consultivo de Aragón emitió el 14 de mayo un dictamen señalando que la ley de amnistía «vulnera el derecho al mismo trato ante la Justicia», de forma que «se está premiando una situación de arbitrariedad, a quienes han cometido los delitos de desobediencia y desórdenes públicos, al menos 372 personas, entre ellos Carles Puigdemont, que seguramente terminarán siendo más, que no van a asumir sus responsabilidades penales y administrativas que la ley establece»
Alejandro Nolasco ha aseverado que «la amnistía es un evidente caso de desviación de poder» porque es una «contrapartida» para que Pedro Sánchez accediera al cargo de presidente del Gobierno de España. Ha advertido de que esta ley «no afecta únicamente a Cataluña, sino a toda España», proclamando que «el Gobiern de Aragón será un dique de contención ante los delirios de Sánchez y sus socios, para evitar que su ambición desmedida de poder salpique a los aragoneses».
Nolasco ha aludido al comunicado emitido en 2023 por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) manifestando su rechazo a la ley de amnistía «porque supone el principio del fin de la democracia, no es admisible en la Constitución y pone en cuestión la labor de los jueces españoles».
El vicepresidente primero ha lamentado que en lugar de «tener en consideración a los jueces», Pedro Sánchez ha continuado «una desnortada huida hacia adelante» y ha sacado «la apisonadora valiéndose de la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado».