Ana Lanuza, fiscal coordinadora de la sección Civil en Valencia, ha reclamado más recursos personales y materiales para poder cumplir con la nueva ley para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica --sistema basado en la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad que fomenta su autonomía--: «Hacemos una labor callada y silenciosa y estamos desbordados», ha advertido.
Lanuza, fiscal que recientemente ha recibido la Cruz de Honor de Orden de San Raymundo de Penayfort, ha hecho una radiografía sobre la aplicación en Valencia de la nueva Ley 8/2021, una reforma de la legislación civil para el apoyo de las personas con discapacidad. «Ha supuesto un gran reto aplicar esta ley no solo aquí, sino en toda España», ha subrayado en una entrevista concedida a Europa Press.
Al respecto, la fiscal ha indicado que «los conceptos son distintos puesto que ya no existe un tutor en cuanto a personas incapaces y no existen personas incapaces», ha indicado, con lo que desde la aprobación legal están revisando las sentencias dictadas años atrás, «antiquísimas», para acomodarlas a la nueva normativa.
«Tenemos que revisar todas las sentencias antiguas de discapacidad porque ya no cabe la incapacidad. Hay que estudiarlas y ver si se necesitan medidas de apoyo», ha explicado. En concreto, ha afirmado: «Hay que determinar en qué ámbitos de la persona se necesita apoyo. Si es más asistencial o representativo para cuestiones económicas, por ejemplo. Hay muchísimo trabajo si queremos hacer las cosas bien».
Lanuza ha insistido en que se ha duplicado la carga de trabajo por estas revisiones de sentencias. «Es un trabajo más laborioso. Con las revisiones dejamos sin efecto la incapacidad y decimos si se necesita una medida de apoyo o si existe guarda de hecho no haría falta una medida judicial», ha expuesto.
El objetivo de la ley, ha indicado, es que haya más autonomía de las personas con discapacidad. «La finalidad --ha dicho-- es atender a la voluntad, deseos y preferencias de todas esas personas». Con la norma anterior, a estas personas se les designaba un tutor que decidía por ellas y, sin embargo, ahora es una medida de apoyo salvo casos excepcionales.
También con esta reforma de la ley, ha indicado, se pretende que no se abuse de las personas con discapacidad, sobretodo en lo relativo a cuestiones económicas.
Así, «no se trata únicamente de un cambio de terminología. Existe un cambio de medidas y un cambio de mentalidad que para las personas con discapacidad es mucho mejor porque se atiende a su voluntad», ha añadido la fiscal para lamentar que esta modificación «no haya tenido casi repercusión» pública. «Se ha modificado medio Código Civil y media ley de jurisdicción voluntaria», ha repetido.
Dos funcionarios menos
Pese a este aumento de trabajo, Lanuza ha lamentado que han quitado a dos funcionarios de refuerzo de la sección --un auxilio y un tramitador--. «Estamos indignados porque no nos dan recursos, y más teniendo en cuenta que es una materia tan sensible como esta. Estamos dolidos por la falta de sensibilidad de la Administración», ha expuesto.
Así, ha aludido a que desde la sección se realiza una labor «callada, discreta». «Estamos todos los días al pie del cañón solucionando problemas», ha dicho, para agregar que necesitarían, al menos, tres tramitadores más y un auxilio. «Tenemos muchos frentes abiertos y la gente los desconoce. Casi todo el mundo pasa por aquí, por la sección Civil, y no se da cuenta», ha destacado.
«Somos una sección incromprendida e infravalorada y, sin embargo, hacemos una labor muy eficaz en defensa de las personas con discapacidad. Esto provoca una situación de desánimo», ha repetido.