El portavoz del grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha afirmado este jueves que «la inmigración ilegal es una amenaza para la seguridad nacional» y ha rechazado la reubicación en la Comunidad Autónoma de inmigrantes ilegales llegados a otras regiones, como Canarias. VOX llevará al Pleno una proposición no de ley en este sentido.
Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha enfatizado que la Estrategia Nacional de Seguridad Nacional 2023, aprobada por el Gobierno de España, se expresa en los términos señalados sobre la inmigración ilegal y ha aludido a los datos de criminalidad del Ministerio del Interior.
«Además, pese al empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras aragonesas y españolas, está aumentando el gasto para los inmigrantes ilegales, que reciben ayudas muchas veces por delante de los españoles en situación de necesidad».
Morón ha rechazado, expresamente, la reubicación en Aragón de «cualquier inmigrante que haya entrado en territorio nacional de forma ilegal o no haya solicitado protección internacional de ningún tipo», rechazando así la regularización de más de 500.000 personas contemplada en una iniciativa legislativa popular que está tramitando el Congreso de los Diputados, «el peor mensaje que se puede lanzar a todos los países que se encuentran en zonas de escaso desarrollo y a las mafias que están traficando con estas personas».
Iniciativa en las cortes
Esta es una de las medidas recogidas en la proposición no de ley que debatirán las Cortes de Aragón a iniciativa de VOX, que propone asimismo tramitar «de forma urgente» la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a España, también a «los inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida habitual».
Otras medidas contempladas en la PNL son «acabar con el efecto llamada»; no regularizar «nunca» a los inmigrantes ilegales ni concederles ninguna ayuda pública; retirar las subvenciones a las fundaciones y ONG que «promuevan el tráfico ilegal de personas»; endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y cerrar los centros de acogida de MENA «que crean inseguridad en nuestras calles».
Asimismo, suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos migratorios; impedir que ningún inmigrante ilegal pueda cometer fraude de ley en su expediente; regular el internamiento en centros de extranjeros para todos los que tengan una orden de expulsión y reforzar el personal de la Administración para agilizar trámites relacionados con extranjería.
Por último, que todas las subvenciones a personas físicas incluyan el requisito de tener la residencia legal, «no el mero empadronamiento» y garantizar el acceso prioritario de los españoles a las ayudas sociales y de atención a la dependencia.
"España debe tomar las medidas necesarias para que nuestras ciudades no sigan el modelo de las sociedades multiculturales, que han sido un fracaso, como ocurre en Francia, Bélgica o el Reino Unido, lo que ya están sufriendo demasiadas ciudades y pueblos españoles.