Las Cortes de Aragón continuarán la tramitación del proyecto de ley de nuevos impuestos medioambientales sobre las instalaciones de energías renovables, que ha superado, en sesión plenaria, el debate de totalidad, votando a favor todos los partidos a excepción del PSOE, que se ha abstenido
Ha presentado el proyecto de ley la vicepresidenta segunda y consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, quien ha emplazado a «no desaprovechar la oportunidad de convertir Aragón en una tierra atractiva para realizar proyectos estratégicos y dar bienestar» a la ciudadanía.
Vaquero ha abogado por «ordenar el desarrollo actual y concretar la responsabilidad social de las empresas», recalcando que la recaudación revertirá en el territorio y será «un instrumento eficaz para paliar la despoblación» porque «los pueblos dieron lo mejor que tenían de su capital humano y es el momento de devolverles una parte porque se lo merecen».
La diputada del PP Blanca Puyuelo ha expresado que el texto contempla bonificaciones y deducciones fiscales, tras lo que ha recordado que se modificará el impuesto sobre instalaciones aéreas de alta tensión. El 15 por ciento de la recaudación neta se destinará a la lucha contra la despoblación, ha recalcado.
El parlamentario socialista Óscar Galeano ha considerado que este proyecto de ley «desprecia la figura del Fondo Aragonés de Solidaridad Energética» y «olvida, una vez más, la progresividad y que con su recaudación no pueden tapar otros agujeros que empiezan a generar con las rebajas fiscales para grandes patrimonios» ni se debe soslayar el principio de «quien contamina paga».
El diputado de VOX Fermín Civiac ha rechazado la creación de impuestos o la subida de los existentes que tengan efectos sobre las empresas o familias, puntualizando que «se deben compensar las graves afecciones sobre el territorio» de la actividad energética. Ha destacado «la falta de planificación y ordenación del territorio» durante la etapa del cuatripartito.
«Se han normalizado las afecciones al paisaje, la flora y la fauna, la materia prima, que estas instalaciones destruyen y masacran», añadiendo que «el lobby de la industria energética busca pequeños municipios y por eso son tan necesarios los tributos de esta ley».
El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha opinado que estos impuestos «son necesarios y oportunos para proteger nuestro medio ambiente y nuestro paisaje, para luchar contra la despoblación», manifestando su preocupación por la posible modificación del texto, durante su tramitación, para que las grandes empresas queden exoneradas.
Biodiversidad
Para el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, «solo después de haber garantizado la biodiversidad y el paisaje se debería aplicar este impuesto», subrayando que el territorio no es una zona de «sacrificio» y ha defendido el modelo del Norte de la UE, donde el 20 por ciento de lo que se produce en los parques energéticos se queda en el territorio, primándose el autoconsumo.
En representación de Podemos, Andoni Corrales ha observado que «el PIGA no se concede a una pyme, sino a las grandes empresas», ha exigido que se destine hasta el 90 por ciento de la recaudación al territorio y no al Departamento de Despoblación Territorial del «rompepapeles» Alejandro Nolasco.
Desde IU, Álvaro Sanz ha señalado que en 2022 ya propuso crear esta tasa, por lo que «es difícil posicionarse en contra», aunque hay cosas que no comparten, como exonerar discrecionalmente a determinados macroparques o las bonificaciones del primer año. Ha preguntado por qué se grava más a la producción de energía solar que a la eólica y ha recomendado distribuir el impuesto de otra forma, teniendo en cuenta el daño ambiental, entre otros criterios.
El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha anunciado su voto a favor y ha dicho que le parece «poco» porque «el territorio ha dado mucho para que las energías renovables se desarrollen en Aragón» y que «no tiene sentido recaudemos 100 millones de euros y solo destinemos 15 al territorio». Ha considerado que las renovables «son necesarias» y que las debe controlar el Gobierno regional.