SATSE, CCOO, UGT e Intersindical se han concentrado este martes frente al Palau de la Generalitat al grito de 'Mazón cesa al campeón' y 'Marciano dimisión' para exigir el fin de la «dictadura» en la gestión sanitaria y la retirada del decreto ley de las macroáreas porque, advierten, no solo «no resolverá» la situación de las plazas de difícil cobertura, sino que «provocará la fuga de nuestros profesionales a otras comunidades» y «afectará a la calidad asistencial de la población».
Así, tras una pancarta unitaria 'Por la negociación. No al decretazo. No a los recortes en derechos laborales' y se han concentrado al grito de 'Mazón si sigues con Marciano se te irá de la mano'; 'No a la dictadura de la Sanidad'; 'Marciano, escucha, la Sanidad está en lucha'; o 'Las promesas de Mazón mentiras a montón' pare reclamar que se negocie un nuevo decreto.
En ese sentido, la secretaria general autonómica de SATSE Mª Luz Gascó, ha aclarado que estos sindicatos se levantaron de la Mesa Sectorial que convocó Sanidad porque, además del contenido, ellos habían solicitado una reunión con Mazón, que delegó en Gómez. Sin embargo, recalca que los sindicatos siguen exigiendo una reunión con el president porque «uno de sus consellers ha vulnerado la negociación de las condiciones laborales de los trabajadores haciendo un decreto ley, lo que nunca se ha visto dentro de esta Conselleria de Sanidad».
En ese sentido, explica que al aprobarse por decreto ley los sindicatos no tiene capacidad de impugnarlo, lo que solo podrían hace el resto de grupos parlamentarios, y ha descartado la excusa de urgencia para aporbarlo con esta fórmula cuando el conseller «llevaba meses anunciándolo».
Por ello, no descartan nuevas movilizaciones y otras acciones «más contundentes» contra un decretazo con el que están en contra tanto en la forma, «al aprobarse de forma unilateral y sin negociar», como en el fondo, ya que crea «profesionales de primera y de segunda» al establecer desplazamientos forzosos en un macroárea de hasta 90 días al año a los de sanitarios de nueva contratación« con las afecciones que supondrá para la conciliación familiar. »Los desplazamientos deben ser siempre voluntarios para todos«, recalca. Además, señala que el incremento salarial previsto es »muy escaso« y »se gastará en gasolina" ya que habrá desplazamientos de hasta 100 kilómetros.
En ese sentido, la secretarias de CCOO y de UGT, Rosa Atiénzar, y Eva Plana han advertido de que ese decreto ley «incrementará incluso los problemas para garantizar la asistencia», en particular en la provincia de Castelló ya que la harán «mucho menos atractiva» porque hay profesionales que se desplazan desde Valencia a diario para trabajar y al ser ahora un macroárea se les podría obligar a desplazarse por toda la provincia.
"externalizaciones encubiertas"
Atiénzar ha apuntado que es diseño «muy similar al modelo 'Ayuso', que lo que hace es permitir que se lleven profesionales de un centro para llevarlos a otro, sin que existan garantías de quién hará el trabajo que se deja sin hacer», por lo que «afectará a la calidad asistencial». Además, teme que podría utilizarse como «excusa» para decir que hace falta privatizar o externalizar algún servicio porque se incrementan los listas de espera o las demoras las consultas. «Esto es vestir un santo para desvestir otro, es un decreto que está lleno de flecos y por eso se debe retirar para negociarlo», ha apostillado Eva López, de Intersindical.
Calendario de negociación
Por su parte, el sindicato CSIF, que no se levantó de la última mesa sectorial, ha afirmado en un comunicado que en esa reunión logró que la Administración «se comprometiera a impulsar el diálogo» y a «iniciar un calendario de negociación de los puntos que afectan a las condiciones de trabajo del decreto ley para garantizar la asistencia sanitaria integral».
Así, recuerda que en la propia nota que emitió la Conselleria tras la Mesa Sectorial el departamento que dirige Marciano Gómez señaló que «si resultara necesaria la aprobación de cualquier tipo de disposición para el desarrollo y aplicación del decreto ley que pudiera afectar a las condiciones de trabajo, en su tramitación se llevará a cabo la correspondiente negociación con los representantes de los trabajadores».
Por ello, CSIF ve «necesario» promover la negociación. Así, apunta que dado que el decreto-ley «no tiene posibilidad de recurso ante los tribunales ordinarios» y que «son solo los grupos parlamentarios quienes podrían plantear este recurso de inconstitucionalidad», ellos ya estuvieron presentes en las dos reuniones mantenidas con grupos de Les Corts la pasada semana.
La central sindical hace hincapié en que este contexto resulta «positivo negociar las condiciones laborales y retributivas de los profesionales afectados por este documento para garantizar seguridad jurídica, conciliación de la vida laboral y familiar, condiciones de trabajo y retributivas o negociación colectiva». De este modo, reclama «empezar a negociar lo antes posible para asegurar una defensa de los derechos de los trabajadores y, ante todo, proporcionar la calidad asistencial necesaria a la ciudadanía».