El Defensor del Paciente ha trasladado a la Fiscalía Provincial de Valencia las posibles irregularidades en los programas de cribado de cáncer de mama, de colon y de cérvix en los años del gobierno del Botànic para depurar posibles responsabilidades.
Así lo ha puesto de manifiesto la entidad, que ha tomado esta decisión después de que este martes, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, hiciera público que estaban investigando esas posibles irregularidades asistenciales. En concreto, trasladó que habían detectado retrasos de hasta cuatro años en la primera citación a entre 150.000 y 200.000 mujeres en el programa de detección precoz de cáncer mama, así como demoras de dos años para realizar las mamografías de seguimiento.
El Defensor del Paciente ha contado con el ministerio público para trasladarle esta información: «Queremos que se investiguen la veracidad de estos datos porque, de ser ciertos, estas mujeres han sido puestas en riesgo para su salud o vida, lo que significa una responsabilidad y dejación de funciones de quienes no hayan tomado las medidas de precaución».
«La pandemia, como para todo, es la excusa perfecta aunque pasen años de ella y es más una tomadura de pelo que otra cosa», ha lamentado.
Y ha añadido: «La comunicación, por lo abultado de los casos, puede ser también la excusa para mandar las mamografías a las privadas. Por ello entendemos que sería deseable la veracidad de estos datos y preguntarnos que cómo siendo la oposición desconocían algo tan grave».
El Defensor del Paciente ha fundamentado su solicitud en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público, a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal.