El jurado popular del juicio celebrado en la Audiencia de Sevilla contra el teniente de la Guardia Civil acusado de presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho, tráfico de drogas y hurto ha declarado a dicho agente culpable de haber obtenido dinero del mundo del narco a cambio de información policial, de haber intentado hurtar 100.000 euros ocultos en un coche depositado en la Comandancia de la Guardia Civil y de haber intentado hurtar 29 fardos de hachís custodiados en dichas instalaciones, para traficar con los mismos.
Así se ha pronunciado, por unanimidad, el jurado popular de este caso a la hora de leer su veredicto en la Audiencia Sevilla, toda vez que durante la fase de conclusiones, la Fiscalía rebajaba dos años y tres meses, o sea de 14 años y cuatro meses a 12 años y un mes, su petición de cárcel para este agente, Raúl P.M., juzgado junto a sus dos presuntos compinches, también declarados culpables.
En concreto, en su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal pedía para el teniente de la Guardia Civil Raúl P.M. ocho años de cárcel y 14 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por un delito continuado de cohecho. Además, le reclamaba otros cuatro años de cárcel y una multa de tres millones de euros por un delito de tráfico de drogas; dos años más de cárcel por un delito de hurto; cuatro meses de prisión por un delito de hurto en grado de tentativa y tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de revelación de secretos.
Empero, merced a la evolución del caso, en el trámite de conclusiones finales, el fiscal modificaba dicho escrito, considerando que los citados delitos de tráfico de drogas y de hurto, asociados a la operación presuntamente promovida por el agente para robar junto a sus supuestos secuaces 29 fardos de hachís del depósito de la Comandancia de Montequinto, tienen el grado de tentativa y no de consumados, al haber sido frustrada la operación con el arresto de los tres inculpados y la intervención de la droga.
"siempre bajo control policial"
Según el fiscal, dado que en todo momento Asuntos Internos tuvo constancia de la operación y estuvo siguiendo a los acusados, la droga en cuestión, recuperada al ser truncado el robo, «siempre estuvo bajo control policial» y fue «aprehendida» una vez detenidos los dos presuntos colaboradores del agente cuando los mismos intentaban salir de la Comandancia de Montequinto a bordo de una furgoneta donde habían cargado los 29 fardos de hachís.
Como consecuencia de esta rebaja de la calificación de los delitos de tráfico de drogas y hurto desde la inicial de consumados a la definitiva de tentativa, el fiscal redujo de cuatro a tres los años de cárcel pedidos para Raúl P.M. por el delito de tráfico de drogas y de dos años a nueve meses de prisión en el caso del supuesto delito de hurto, con lo que en términos globales, la pena que solicita para el agente cae de 14 años y cuatro meses de cárcel, a 12 años y un mes de prisión.
La defensa de Raúl P.M., de su lado, pedía la absolución del agente, bajo la premisa de que el mismo sería un «chivo expiatorio», solicitando que se apreciase un delito provocado.