Las viviendas de EMVS Madrid no se verán afectadas por la actualización de los «desfasados» precios de protección pública, que datan de hace 16 años, dado que se ajustaron en el inicio de la licitación, ha afirmado el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, en la comisión del ramo.
Ha sido el concejal socialista Pedro Barrero el que ha elevado la pregunta ante el nuevo proyecto de orden de la consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, publicado el pasado 4 de diciembre, para establecer los precios de las viviendas con protección pública. El edil estaba interesado en conocer cómo van a repercutir esos precios en la política de pisos públicos del Ayuntamiento.
Álvaro González ha recordado que el reglamento fija que el precio máximo de venta de vivienda protegida será establecido mediante orden de la consejería y que los precios actuales se fijaron «hace 16 años», lo que hace que hayan quedado «desfasados» por varios motivos, como la inflación, que ha aumentado un 30% en ese periodo, o los cambios normativos relativos a la mejora del aislamiento y la eficiencia energética, que supone un aumento del coste de la construcción.
También ha señalado el aumento de los precios del petróleo y del gas, que repercuten directamente en los costes de construcción, además del aumento de precios provocado por la ruptura de las cadenas mundiales de producción de materias primas derivadas de la pandemia de Covid y por la guerra de Ucrania.
Descenso de la construcción de vivienda protegida
«El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana cifra los aumentos de los costes de construcción y de mano de obra en más de un 26 por ciento. Sólo en consumo de materiales los costes de edificación residencial han subido un 57 por ciento en los últimos quince años y todo esto ha provocado un descenso en el número de viviendas protegidas», ha alegado Álvaro González.
El delegado ha declarado que todos están de acuerdo «en la necesidad de poner vivienda protegida en el mercado por parte del sector público, pero también por parte del sector privado, y esta orden de nuevos precios tiene la función de ayudar a lograr ese objetivo».
El concejal socialista Pedro Barrero ha acusado al PP municipal de «no tener en cuenta las necesidades básicas o el grave problema de acceso a la vivienda en Madrid porque su jefa, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ya les ha satisfecho las necesidades a los promotores inmobiliarios».
Barrero ha sostenido su argumento con cifras, las de la propuesta de actualización del precio del módulo de la vivienda. En el caso de la vivienda de precio básico «pasará de 1.940 euros a 2.450, es decir, un 26,2 por ciento más, mientras la de precio limitado va a pasar de 2.426 euros a 2.820, un 16,2 por ciento más cara».
«Esto va a tener un efecto colateral en el mercado, también en el alquiler de viviendas protegidas, de tal manera que en una vivienda de 80 metros cuadrados pasará de 711 a 898 euros al mes el precio básico de vivienda. El de precio limitado »va a pasar de 889 a 1.036 euros al mes".
Para los socialistas «sí resulta necesaria una actualización del precio del módulo pero aplicando estudios previos más rigurosos, que no han hecho, y no equipar el precio del mercado, el valor de venta del metro cuadrado de vivienda protegido para estos promotores, tanto privados como públicos».
"piensan en los promotores"
Barrero ha cuantificado que la ciudad de Madrid «apenas alcanza el 1,8 por ciento de vivienda pública del total del parque» y todo ello cuando en ocho distritos «ya superan la media de 2.000 euros de alquiler mensual y la vivienda, desde que tocó mínimos en 2015, se ha encarecido un 37 por ciento a nivel nacional, un 55 en la Comunidad de Madrid y un 75 por ciento en la ciudad».
Esto se traduce en que «la compra de una casa se come más del 36 por ciento del salario y alquilarla aún más, un 43 por ciento». El PSOE tiene claro que la receta del PP «viene sin soluciones y siguen basadas en seguir cebando la burbuja inmobiliaria» porque esta propuesta que quieren sacar adelante la hacen «pensando en los promotores de los desarrollos del Sureste».
«Hacen de la vivienda el negocio lucrativo de unos pocos y consiguen expulsar de sus barrios a la mayoría de la población entre los precios abusivos de la compra o el alquiler. Ustedes no tienen modelo ni políticas para paliar el problema de acceso a la vivienda y vuelven a claudicar ante Ayuso en perjuicio de todos los madrileños y madrileñas», ha concluido Pedro Barrero.
El delegado ha contestado que, «en todo caso, esta orden de precios no va a afectar en absoluto a la vivienda de EMVS Madrid porque están ajustados los precios al mercado a la hora de iniciar la licitación».
González ha destacado asimismo que el aumento de los costes «supone un enorme obstáculo a la hora de fomentar que el sector privado edifique viviendas, también de protección pública, por lo que había que ajustar».