El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha señalado que el pacto sobre Doñana alcanzado y rubricado este lunes por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno central, Teresa Ribera, supone «una solución tan justa como necesaria para los agricultores y para el parque nacional», toda vez que ha asegurado que el mismo permitirá reforestar «alrededor de 700 hectáreas» del entorno y que la institución aportará diez millones de euros para «ser parte de la solución».
Así lo ha manifestado durante un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol y el patrocinio de Atlantic Copper.
Toscano ha detallado que la Diputación va a destinar alrededor de diez millones de euros a las ayudas que se concederán a los agricultores de municipios onubenses en el ámbito de influencia de Doñana, es decir, «10.000 euros de esos 100.000 euros por hectárea que recibirán los agricultores». Además, ha avanzado que se ha calculado que «pueden ser alrededor de 700 hectáreas» las que se beneficien del acuerdo, pero «ese plan se está estudiando para afinarlo y saber exactamente cuántas serán las que al final serán reforestadas y que llevarán esa subvención».
«Creíamos que era necesario por Doñana, por los agricultores y en definitiva por la provincia de Huelva, entonces tenemos capacidad para poder aportar esos diez millones de euros. Por lo que de cada 100.000 euros que se le dará a los agricultores de la provincia de Huelva que están en la Corona Forestal de Doñana, 10.000 euros lo pondrá la diputación», ha abundado.
Además Toscano se ha mostrado convencido de que era «necesario» un acuerdo y que Juanma Moreno «ahí ha sido generoso, ha demostrado que tiene una capacidad de diálogo sin límites» y «ha conseguido poner de acuerdo a todas las partes y la semana pasada nos comentaron que la Diputación también debía estar en ese acuerdo, era necesario ser parte de esa solución».
«En esta ocasión hemos querido ser parte de la solución porque no podíamos quedarnos al margen. Tuvimos claro que la Diputación debía asumir el papel que le corresponde en favor del Parque Nacional de Doñana, pero también de los agricultores, porque en realidad son un todo que estamos obligados a preservar», ha argumentado.
«Y lo hacemos encantados porque es en favor de Doñana, de la provincia y de nuestros agricultores. Estamos orgullosos de que la Diputación sea parte de esa solución. Estamos, además, en un acuerdo que deja claro que el camino, como ha dicho el presidente de la Fundación, es el del diálogo, el diálogo para resolver conflictos, el diálogo para reducir la violencia», ha añadido.
Por otro lado, ha aclarado que el acuerdo va a ser «bueno para la zona», ya que «no solo no solo se trata de ese dinero que va a llegar a los agricultores directamente, sino también a todo el entorno», por lo que ha apuntado que «hay que verlo como una oportunidad para cambiar el futuro de entorno».
«Por supuesto, también los agricultores sabrán buscar fórmulas para que se pueda seguir sacando rendimiento. Se pueden estudiar diferentes maneras para que el futuro de la comarca esté asegurado. Estoy convencido que con toda esa aportación de las tres administraciones y con todo lo que Doñana siempre ha demostrado que es capaz de sacar, no habrá ningún problema en el futuro de la comarca», ha indicado.
Marcas de calidad
En cuanto a la repercusión de las campañas realizadas contra los frutos rojos de la provincia, el presidente de la Diputación ha ensalzado que Huelva es «la gran potencia de este cultivo», por lo que «siempre se ha intentado ensuciar esa imagen y se ha hecho de muchas maneras, con Doñana o diciendo que los agricultoras eran unos bárbaros que tenían en semiesclavitud a aquellas personas de origen que vienen a ayudarnos en las campañas».
«Creo que todo eso se va cayendo solo. Ahí tenemos a los agricultores, a las asociaciones de empresarios, a los sindicatos, a la Cruz Roja que ven perfectamente cuál es la situación real y que, además, cada año se va mejorando. Yo creo que todo esto nos tiene que servir para que nos afiancemos en el mercado», ha argumentado.
Al respecto, ha subrayado que la Diputación quiere poner en marcha «dos marcas muy potentes» para «enseñar al mundo no solo nuestro turismo de sol y playa, sino todo lo que la provincia puede ofrecer y también queremos tener una marca de producto para que sea un paraguas para todos los productos».
«Tenemos productos extraordinarios y tenemos muchísimas denominaciones de origen, todo eso tiene ya una marca de calidad muy potente pero queremos que el resto de productos también la tengan. Sería una marca para la cual la Diputación va a hacer una importante inversión para que podamos ir por el mundo e ir llevando todo ese producto que es de nuestra tierra y que sin duda es el mejor producto del mundo», ha avanzado.
Asentamientos
Durante el encuentro, el presidente de la institución provincial también se ha referido a los 32 millones de euros del Gobierno, dentro del acuerdo, para los temporeros agrícolas y para los asentamientos. Toscano ha esgrimido que «el problema de los asentamientos es complicado», y que «todo el mundo dice que la culpa es de los agricultores», pero «quien va a un asentamiento, en un principio, es alguien que no tiene un trabajo, por tanto, no tiene un lugar donde estar ni tiene un sueldo fijo».
«Pero lo primero que tenemos que hacer es que todas las personas que vengan a trabajar sean legales y, en segundo lugar, que tengan un lugar digno para vivir, porque ya estamos empezando a ver cómo hay asentamientos que parecen ciudades. Algo que no podemos permitir por el peligro también que supone para las propias personas que están conviviendo en ese asentamiento», ha remarcado.
Al respecto, se ha mostrado convencido de que con el montante que va a aportar el Estado «se va a conseguir que muchos de esos proyectos que estaban ya planteados y que por financiación en muchas ocasiones no habían salido, puedan hacerlo», toda vez que ha puesto de ejemplo a Cartaya de «cómo se puede tener un centro para la acogida de todas estas personas que vienen a trabajar».
No obstante, ha reiterado que la solución es «complicada», de hecho, ha asegurado que se ha mantenido «muchas reuniones con muchos alcaldes para los cuales es un problema importante», puesto que «entran muchas personas ilegalmente en España y tienen como un punto de referencia donde a lo mejor algún día pueden conseguir trabajo y van a ese lugar».
«Es también un tema conceptual y cultural. Yo conozco a temporeros que dicen que ellos no quieren ir a una casa, que ellos quieren recibir todo el dinero que reciben poder mandarlo a su país. Por eso he puesto el ejemplo de Cartaya porque por un precio muy razonable tienen cama, tienen agua, tienen aseo, lo tienen absolutamente todo. Yo creo que ese es el modelo, no quiere decir, que costará trabajo que todo el mundo pueda llegar a esos centros, pero que ahora tenemos una gran oportunidad para conseguirlo», ha concluido.