El Sindicato de Trabajadores por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha manifestado su apoyo al nuevo Gobierno de Aragón, presidido por el 'popular' Jorge Azcón, para acabar con «la temporalidad abusiva y la nefasta política laboral» del anterior Ejecutivo de Javier Lambán.
Desde el sindicato han sostenido que Lambán «se ha despedido con un 49,5% de la plantilla de la DGA con contrato temporal, incumpliendo el límite legal del 8%». Confían en que el actual Ejecutivo autonómico logre la estabilización de los 17.000 empleados en fraude de ley de la administración autonómica. Para garantizar el cumplimiento de estas promesas, solicitarán de forma «inmediata» una reunión con el nuevo consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro.
STEPA destaca que tanto el Partido Popular como el PAR, así como Izquierda Unida, se han comprometido por escrito antes de las elecciones autonómicas a identificar todas las plazas que cumplen con los requisitos de la Ley 20/21 y deben salir a concurso de méritos o concurso-oposición y convocar estos procesos en el menor plazo posible.
Este mismo compromiso aparece en el pacto de investidura entre el PP y VOX e incluso, «el propio Jorge Azcón en su discurso de investidura a las Cortes se comprometió a solucionar la elevadísima tasa de interinidad atendiendo a los reiterados requerimientos de la Unión Europea y al cumplimiento de nuestra propia normativa». El nuevo presidente autonómico también ha anunciado una auditoría interna de la Administración, que el sindicato aragonés ve con buenos ojos.
Lucha contra la temporalidad
STEPA defiende que la lucha contra la temporalidad en el sector público ha sido su prioridad durante los últimos cuatro años. En este sentido, ha señalado que en la administración aragonesa la tasa actual triplica la del sector privado --el 13,9% según la última EPA-- y que Aragón sigue sin cumplir con la Ley 20/21 para estabilizar sus plazas a todos los trabajadores que llevan más de tres años con contrato temporal, «un fraude de ley que en la empresa privada se sanciona y, paradójicamente, en la pública, no».
Una de las acciones de STEPA ha sido solicitar a todas las formaciones que concurrieron a las elecciones autonómicas su compromiso escrito de convocar todas las plazas que pueden estabilizarse, ya que «durante el Gobierno cuatripartito de Javier Lambán apenas se ofreció el 10% de las más de 4.000 plazas de Administración general reconocidas por el propio Ejecutivo».
La secretaria general del PP en Aragón, Mar Vaquero, y el presidente del PAR, Clemente Sánchez-Garnica, firmaron este documento, que el sindicato demanda llevar ya a la práctica, junto con otras medidas para garantizar la calidad del empleo público.
Estabilización con transparencia
Los responsables de STEPA han subrayado que se trata de una cuestión urgente «al tener la obligación legal de publicar una última Oferta de Empleo Público de estabilización durante el cuarto trimestre del año» y para acabar ya con los ceses masivos del personal en abuso, al ofrecerse sus plazas en procesos ordinarios, «que están provocando un grave perjuicio no solo para los afectados, sino para la calidad de los servicios públicos».
Como primer paso, el sindicato emplaza al nuevo consejero Roberto Bermúdez de Castro a una reunión lo antes posible, «para presentarle una radiografía de la situación de la Administración General que sea un punto de partida para estabilizar a todos sus empleados y dar cumplimiento a la legislación europea y nacional en todos sus ámbitos».
Además, es «necesario» que todo el proceso se ejecute «con total transparencia», identificando los plazas afectadas, los criterios aplicados y los pasos jurídicos, frente a la falta de motivación jurídica y oscurantismo en la convocatoria de estabilización actualmente en marcha, que llevó a presentar una demanda de nulidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Solución justa, legal y a coste cero
STEPA ha subrayado que dar «una solución justa, legal y a coste cero», para las víctimas del abuso de temporalidad, se enmarca dentro de su objetivo de «la mejora de todos los trabajadores sin distinción, porque los servicios públicos se sustentan en las personas y todos somos compañeros».
Las últimas elecciones sindicales, en mayo, lo consolidaron en unión con CATA como la tercera fuerza en la administración, con el 20 por ciento de apoyos, y le dieron entrada en la Mesa Sectorial, «desde donde luchar contra el desmantelamiento de los servicios públicos y la precarización del empleo».
Entre estas cuestiones, el sindicato resalta la necesidad de impulsar la prevención de riesgos laborales, «ya que la Administración aragonesa es la mayor incumplidora en esta área»; y señalan que la situación que se le presenta al nuevo Gobierno como empleador es muy complicada, ya que a la alta temporalidad se suman multitud de procesos convocados días antes de la entrada en vigor de la Ley 20/21 sin ejecutar.
«Un macroconcurso sin resolver con más de 800 alegaciones o la obligación de sacar una nueva oferta extraordinaria de estabilización para suplir la ridícula oferta aprobada en 2022», concluyen.