La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha señalado que el Consistorio ha contratado una empresa «para que se separe de forma manual lo que es escombro de los efectos personales» de entre los restos que ha dejado el derrumbe del edificio número 21 de la calle San Francisco. No obstante, los vecinos afectados han reclamado «una demora», porque, según han apuntado, «supondría quitar pruebas del escenario» y todavía hay que investigar las causas del siniestro.
Así lo ha indicado uno de los damnificados, Javier Carbó, este jueves en declaraciones a Europa Press, tras la reunión de la tarde de este miércoles con la alcaldesa turolense.
Buj ha precisado que los escombros que se han retirado hasta ahora son solo los de las calles, bajo la supervisión de peritos; mientras que los del edificio se llevarán a cabo con una empresa especializada «que haga esa separación entre efectos personales y descombro para facilitarles que puedan recuperar algunos efectos personales, algo de sus recuerdos», ha agregado.
A este respecto, Carbó ha apostillado que esta petición por parte de los vecinos cobra todavía más sentido después de que la presidenta de la Demarcación de Teruel del Colegio de Arquitectos de Aragón, María Castel, haya planteado que la posible causa del derrumbe puede haberse originado «hace escaso tiempo» y atribuirse a «un fallo en el terreno».
Para Castel, la premura con la que el edificio se desplomó una vez que había quedado vacío podría indicar que el fallo estructural pudo deberse a una causa activa y no a un proceso lento. Igualmente, ha destacado la necesidad de realizar catas a lo largo de toda la calle, afectando así al resto de inmuebles de la misma vía.
Ayuda directa de mil euros
Por otra parte, el Consistorio ha anunciado la concesión, este jueves, 15 de junio, de una ayuda directa de 1.000 euros a cada unidad familiar para que puedan hacer primeras compras.
«El ayuntamiento ha facilitado ropa, enseres de aseo, les estamos alojando y dando de comer pero es verdad que no tienen ni lo más básico, queremos que puedan tener esas compras y, por tanto, a cada familia se les va a dar un cheque o un documento de 1.000 euros para que puedan gastarlo y puedan hacer esas adquisiciones», ha aseverado la alcaldesa de Teruel.
En esta línea, Javier Carbó ha comentado que se agradece la iniciativa, «pero no es la solución de verdad», aunque sí «la única cosa clara y transparente», ya que lo demás está «en el aire».
Asimismo, a los vecinos del bloque derruido que lo necesiten, se les facilitará cita en la oficina del DNI, así como la tarjeta sanitaria o el certificado para dar de baja en el padrón municipal que estuvieran en los garajes y de cara a las aseguradoras.
Respecto a los realojos, Emma Buj ha dicho que, en este momento, cuentan con cuatro pisos, tres ofrecidos por la Diputación de Teruel (DPT) y otro que es del Ayuntamiento y estará disponible en 15 días. También ha reiterado que no puede dar un número exacto de viviendas que necesitan los afectados «porque hay familias que dependiendo de qué recursos podamos poner encima de la mesa van a tomar una decisión u otra».
Buj ha explicado que están trabajando con inmobiliarias porque quieren encontrar soluciones «que faciliten la vida, entre un año o dos, a aquellas personas que han perdido su vivienda».
«Hemos procedido a estudiar las necesidades de todas las familias para priorizar porque cada una tiene una situación diferente, hay gente con segunda residencia, otros que no tienen esas posibilidades, hay matrimonios mayores, familias con hijos o parejas jóvenes», ha agregado.
Carbó ha opinado que la puesta a disposición de cuatro pisos en total es «insuficiente», porque son los vecinos de los bloques 19 y el derrumbado --número 21-- los que están desalojados de larga duración. «Necesitamos que se analice la situación real y se trate este asunto con prioridad e igualdad para todas las familias».
Un total de 44 personas, es decir, 21 familias, residían en el número 21, un edificio de cinco plantas, de la calle San Francisco, que se vino abajo en la mañana del pasado martes, 13 de junio. Además, se procedió al desalojo, por precaución, de los residentes en los números 13, 17, 19, 23, 25 y 27.
Plataforma
Asimismo, Javier Carbó ha transmitido que se está trabajando en la creación de una plataforma, no obstante, «es un proceso largo y queremos que sirva para realizar reclamaciones y agilizar trámites, no que sea un grupo de Whatsapp».
En definitiva, que se convierta en una herramienta a través de la cual canalizar esfuerzos, dado que si no se hace así «una familia de nuestro edificio --número 21-- no será igual que la del de al lado».
La alcaldesa ha animado a los afectados a constituirla y a buscar un abogado: «Dicen que van a ir contra el ayuntamiento, yo también lo haría porque las administraciones muchas veces podemos tener responsabilidades o directas o subsidiarias, en cualquier caso, si yo fuera afectado también lo haría, sobre todo por los temas económicos».
Emma Buj ha añadido que ya han dado parte al seguro del Ayuntamiento, pero «no es algo inmediato» porque la parte legal «es la más lenta y farragosa»: «Que nosotros demos parte del seguro, que se hagan las investigaciones, que se depuren las responsabilidades directas o subsidiarias que pueden existir o no, todo eso lleva una tramitación que es muy larga y la atención directa a las familias, que es la que estamos haciendo y que es una de nuestras prioridades».
Edificios colindantes
Con respecto al edificio del número 19 de la calle de San Francisco se ha comprobado que tiene daños en la parte más alta del edificio, el bajo, el primer piso y el segundo piso están bien por lo que los vecinos de estas viviendas sí han podido entrar a coger sus enseres.
«Los de los dos pisos superiores no han podido, estamos estudiando cuál es la situación y si se puede consolidar haciendo obras, porque parece que el daño está más en la parte de arriba y no en un daño estructural, pero eso esta todo por confirmar». Emma Buj ha afirmado que al bloque 23 sí han podido volver a vivir muchas familias, excepto una escalera.