El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha asegurado este miércoles que la situación de la justicia tras las sucesivas huelgas de distintos operadores jurídicos es «muy delicada y preocupante» tras poner de manifiesto que «no dejamos de ser un servicio público» y advertir que «hay muchas situaciones que se están deteriorando un montón».
En declaraciones a los medios de comunicación tras presentar la Memoria del TSJA sobre 2022 que ha entregado al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, Del Río ha reconocido la repercusión de las huelgas en el agravamiento de los tiempos de resolución de las causas judiciales por cuanto se acumulan «tantas suspensiones de actos procesales, ya sean comparecencias, ya sean juicios» y con ello que «tantos ciudadanos que se están viendo afectados» por cuanto ha recordado que «teníamos ya unos tiempos de resolución que »no eran lo razonable".
«La justicia funcionará con normalidad, es la reflexión que yo puedo decir», ha señalado Del Río, quien ha esgrimido que «no quiero entrar mucho en el fondo de las reivindicaciones» por cuanto ha planteado que «algunas de las reivindicaciones pueden ser justas, pero también es verdad que a mí lo que más me duele ahora mismo es el servicio que estamos ofreciendo al ciudadano, que se está deteriorando mucho».
«A cualquiera que tenga un poco de sensibilidad y sea un servidor público nos tiene que doler mucho», ha proseguido argumentando Del Río, quien ha reclamado que «hay que intentar una solución como sea porque se están retrasando un montón de actuaciones procesales y muchas de ellas se quedan a la cola».
El presidente del TSJA ha planteado la incidencia en la vida de los ciudadanos por cuanto ha esgrimido que «a mí me llegan muchas situaciones de ciudadanos que están padeciendo suspensiones, que ya es la segunda o es la tercera vez, y claro, no lo entienden».
A la hora de cuantificar la repercusión de la huelga, ha señalado que «podemos tener demoras de ocho o nueve meses, cuando ya esos asuntos ya venían demorados ese tiempo», de manera que estamos ante «juicios que se señalaron hace ocho meses y que ahora de pronto vienen y se vuelven a suspender y que se vuelven a poner en la cola».
Cuestionado por el hecho de que el Gobierno haya reconocido que no podrá retomar la negociación con los funcionarios judiciales por la celebración de las elecciones generales, Del Río ha admitido que «que me preocupa» esa situación por cuanto «todo lo que sea demorar soluciones y prolongar estas situaciones pues son muy deficitarias para el sistema, son frustrantes».
La litigiosidad de andalucía: "tenemos una epidemia judicial"
Cuestionado por las conclusiones de la Memoria de 2022 del TSJA, Del Río ha apuntado que «tenemos una litigiosidad enorme en Andalucía», una situación que ha querido retratar con un paralelismo con las epidemias de gripe para poner de manifiesto que si la tasa de referencia en la enfermedad son los 100 casos por cada 100.000 habitantes, la litigiosidad de Andalucía es de 150 casos por cada 100.000 habitantes y concluir entonces que «tenemos una epidemia judicial».
«Y en la gripe a uno se le dice, pues vaya usted a la casa, pero nosotros no, todos al juzgado», ha afirmado Del Río, quien ha evocado que la convocatoria de elecciones a Cortes Generales ha propiciado que «tres leyes han decaído ahora mismo con las elecciones que eran muy importantes para trabajar a nivel interno de sistema organizativo, de juzgado, de funcionarios» y lamentar entonces que «todo eso se ha paralizado».
Cuestionado por el dato de que la litigiosidad de Andalucía está por encima de la media nacional, casi 10 puntos, el presidente del TSJA ha apuntado que «tenemos que pensar una cosa, tenemos unas provincias muy complejas, hablamos de Málaga, de la Costa del Sol, de Cádiz, Almería», a lo que ha sumado «a nivel de empresas hay fenómenos delictivos muy complejos» y colegir «que eso nos repercute mucho».
«Y luego, aparte, hay una litigiosidad ahí enorme que está ahí, que yo la llamo un poco artificial, de muchos asuntos de tipo civil, de asuntos de familia, que eso debería de estar ahora mismo solucionándose de otra forma y no engordando la carga de trabajo en los juzgados», ha concluido su razonamiento.