El conseller de Territorio de la Generalitat, Juli Fernàndez, ha avanzado que la Agència Catalana de Consum prevé abrir este miércoles un expediente sancionador a Renfe por la gestión de la avería que afecta desde el lunes 1 de mayo a la circulación de los trenes de la R2 sur entre Barcelona y Sant Vicenç de Calders (Tarragona).
En una entrevista en TV3 este miércoles recogida por Europa Press, Fernàndez ha detallado que el expediente «es por la gestión posterior de la información y de la atención a la ciudadanía».
El incendio de un cuadro de señalización de Gavà (Barcelona) obligó a interrumpir la circulación de los trenes y, posteriormente, a limitarla a tres trenes por hora y sentido en el tramo afectado.
Fernàndez ha criticado el funcionamiento de Rodalies y lo ha achacado a que el Ministerio de Transportes --a su juicio-- no realiza las inversiones pertinentes y no ejecuta las previstas.
Por ello, ha vuelto a reivindicar el traspaso del servicio a la Generalitat: «Si el Gobierno del Estado no quiere asumir sus responsabilidades, siempre he explicado que nosotros estamos dispuestos a asumirlas todas porque a mi no me sirve de nada tener excusas».
Ha augurado que será una realidad porque «llegará un día en el que o solucionarán el problema y asumirán sus responsabilidades o asumirán» que la Generalitat sea parte de la solución, y ha vuelto a criticar la opacidad de la gestión del servicio ferroviario.
Ante las críticas de utilizar el funcionamiento de Rodalies con fines electoralistas, ha enmarcado las alteraciones en la normalidad del día a día y ha cifrado en ocho de cada diez los días en los que hay incidencias: «Si hay 15 días de campaña electoral, la media es que en 13 haya incidencias».
Partida presupuestaria para expropiaciones
Fernàndez ha dicho que en un plazo de diez días el Govern publicará «las bases de la convocatoria de 160 millones de euros que permitirá que se hagan 3.200 viviendas» destinadas a alquiler social.
Se ha mostrado dispuesto a ampliar la partida presupuestaria de cinco millones de euros destinada a expropiar entre 50 y 70 pisos en 14 municipios para destinarlos a alquiler social si es necesario para obtener más viviendas.
Ha relatado que el resto de municipios con los que la Generalitat analizó viviendas que cumplen con los requisitos para ser expropiadas no firmaron el convenio: «Lo tenemos que hacer de manera conjunta».
Sobre la negociación de la B-40 con el Gobierno, ha garantizado que «la Generalitat cumple con sus compromisos» y ha acusado al Ejecutivo central de plantear propuestas que trascienden el trazado inicial, si bien ha dicho que las conversaciones avanzan.