El PSC y Junts han mantenido este viernes su alianza para frenar el Plan Piloto de la Renta Básica Universal (RBU) en la ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público de 2023, después de que haya prosperado en el pleno del Parlament la enmienda de los socialistas para suprimir este plan, pese a las peticiones del Govern para que la retirasen.
Así se ha evidenciado este viernes en el debate de esta ley, conocida como ley de acompañamiento de los Presupuesto, en el pleno del Parlament, cuando ERC ha pedido el voto particular sobre este punto.
Esta alianza también ya se hizo evidente en la votación de las enmiendas de la Comisión de Economía y Hacienda, con el voto a favor de PSC, Junts, Vox, Cs y PP, y el rechazo de ERC, CUP y comuns.
La ley de medidas fijaba en 800 euros la asignación mensual de los participantes en ese plan piloto --en 300 si son menores-- y preveía que el Govern aprobara la «dotación económica necesaria» para implementarla, en el caso de que entrara en vigor la normativa.
El diputado de Junts Joan Canadell ha asegurado que su formación no está ni a favor ni en contra del Plan Piloto de la RBU, pero que no comparten el planteamiento, que aseguran que no tiene «rigor ni debate previo», y también ha lamentado que ERC haya rechazado las enmiendas de su grupo encaminadas a culminar el proceso independentista, según él.
Jordi Riba (PSC) se ha mostrado en contra de que se destinen 40 millones de euros anuales al plan piloto --que era el compromiso inicial del Govern-- para estudiar una prestación «que el Govern ha admitido que no podrá llevar a cabo, igual que no se ha podido llevar a cabo en aquellos países que han hecho pruebas similares» y ha añadido que lo que hace falta es, a su juicio, reforzar las políticas de rentas condicionadas.
Desde Vox, Andrés Bello ha criticado que el Govern de la Generalitat ha hecho un «uso indebido» de la ley de acompañamiento a las cuentas para modificar leyes que no guardan relación con el proyecto de Presupuestos.
Plan piloto, "imprescindible"
La 'cupaire' Montserrat Vineys ha sostenido que el Plan Piloto de la RBU era, a su juicio, imprescindible: «Todo el mundo tiene derecho a cobrar una prestación por el hecho de vivir, porque con la vida colectiva se genera riqueza, y esta riqueza se debe compartir», ha zanjado.
El diputado de los comuns, Joan Carles Gallego, ha asegurado que estarán atentos a que la ley de medidas «no se extralimite y no modifique cuestiones que no correspondan a los cambios y las estrategias que el presupuesto orienta» y ha avisado que aún hay debates fiscales pendientes.
Desde Cs, la diputada Marina Bravo ha sostenido que el PSC-Units «ha renunciado a defender los intereses de los catalanes porque lo único que le importa es asegurarse un futuro de acuerdos y poder para su partido» y ha lamentado que en la Ley de acompañamiento se insista en los impuestos propios que, a su juicio, hacen de Catalunya una comunidad menos atractiva y competitiva de las que la rodean.
La diputada del PP Lorena Roldán ha defendido que la Generalitat debe estar «al servicio de todos los catalanes, priorizando la recuperación del bienestar y la economía de tantas familias golpeadas por la pandemia y la inflación» y ha abogado por bajar los impuestos para que los catalanes puedan levantar cabeza.
Por su parte, Raquel Sans (ERC) ha puesto en valor que la ley de medidas supone una política económica que contrasta con la política de recortes de los gobiernos de derechas: «El camino a la independencia lo construiremos con unos servicios públicos más fuertes, la ciudadanía de este país necesita recursos y aquí nos encontrarán, buscando acuerdos, asumiendo contradicciones, alejados de proclamas que no son útiles para avanzar».