El coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, ha alertado este lunes de que la Junta ultima una normativa para el uso de instalaciones sanitarias públicas por parte de operadores privados para realizar pruebas, diagnósticos u operaciones, lo que abriría «una autopista» a las empresas privadas «para seguir recorriendo esa línea de deterioro» del Sistema Andaluz de Salud (SAS) y su «privatización».
Para Valero, esta «ofensiva privatizadora» forma parte del plan del Gobierno andaluz, liderado por Juanma Moreno, para el «desmantelamiento» de la sanidad pública y «favorecer que unos pocos hagan negocio con nuestro derecho a la salud»; por lo que teme que este modelo sea el que plantee la Junta en los hospitales que tiene proyectados, como es el caso del de Lepe, Roquetas de Mar o el hospital militar de Sevilla, ha apuntado.
«Probablemente el PP tiene en la cabeza esta fórmula de que costeemos entre todos las instalaciones, se ponga la medalla de que está haciendo hospitales y lo que está haciendo es ponerlos al servicio de operadores privados que van a hacer negocio», ha lamentado Valero en rueda de prensa en Málaga capital.
En su intervención, ha alertado que esto «sería la primera vez en la historia que ocurriría en Andalucía», al tiempo que ha advertido de que es algo que ya «estamos viendo que está generando unas consecuencias catastróficas en la Comunidad de Madrid», por lo que «hay que evitarlo».
Y es que la normativa que plantea la Junta, «que empezaron a tramitar justo después de las elecciones», busca, en palabras de Valero, que las instalaciones sanitarias públicas --«hospitales que hemos pagado entre todos con nuestros impuestos»-- «se pongan al servicio de aquellos operadores privados a los cuales les vamos a dar fondos públicos para que puedan realizar pruebas, diagnósticos y operaciones quirúrgicas en nuestros hospitales públicos».
Para ello, la orden recoge un anexo de tarifas con un pago de 150 euros por la primera consulta médica de atención primaria y de 90 euros para las sucesivas que serían aplicables en el caso de llevarse a cabo en instalaciones de clínicas privadas, y «también se fija la cuantía en caso de que esta atención se diese en las instalaciones públicas por parte de operadores privados», ha añadido, considerando que esto «pone al servicio de empresas privadas nuestras instalaciones públicas».
Para el coordinador general de IU Andalucía, «esto es un escándalo; es un escándalo que el derecho a la salud, reconocido en nuestro estatuto de autonomía, se convierta en un motivo de negocio para unos pocos. Mientras se están racaneando fondos públicos para el personal sanitario del SAS y para nuestra atención primaria, vemos que se están derivando a esos operadores privados que encuentran ahora toda una autopista para seguir recorriendo esa línea de deterioro y de enriquecimiento propio en perjuicio de la mayoría», ha apostillado.
Por ello, desde el partido de izquierdas exigen a Moreno que «rectifique y dé un giro de 180 grados a su política sanitaria atendiendo a la demanda ciudadana y a esas movilizaciones de sanitarios que están poniendo negro sobre blanco cuál es el plan que hay que efectuar en nuestra sanidad pública para que cumpla con los derechos que recoge nuestro estatuto de autonomía», ha concluido.