La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha considerado «evidente» que el juicio al que se enfrenta este viernes la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, es por presunta mala praxis en la gestión de los recursos públicos en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Lo ha dicho en rueda de prensa desde el Parlament, después de que este martes Borràs haya asegurado que es víctima de una «persecución política» en el marco de esta causa judicial, por presuntas irregularidades en contratos de la ILC.
No obstante, Romero ha llamado a «preservar y garantizar» la presunción de inocencia de Borràs y ha advertido que habrá que esperar al resultado del juicio para determinar si hubo una mala praxis.
Después de que el primer secretario del PSC, Salvador Illa, apostara este lunes por extender la B-40 más allá de Sabadell (Barcelona), Romero ha sostenido que la «prioridad» del PSC ahora es que el Govern firme el convenio sobre conexión pactada en el primer trimestre de 2023.
Además, ha asegurado que el PSC siempre ha defendido mejorar las interconexiones por carretera en el Vallès, y ha recordado a ERC y a los comuns que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ambas formaciones apoyaron en el Congreso incluyen partidas para desarrollar el Cuarto Cinturón hasta Caldes de Montbui (Barcelona).
Junts y vivienda
Sobre la posibilidad de que Junts se sume al pacto de Presupuestos, la portavoz socialista ha reiterado que serían «bienvenidos» para ampliar la mayoría que votará a favor de las cuentas, aunque ha advertido que esta formación ya ha dicho que las apoyará.
Sobre la proposición de ley de Junts contra las ocupaciones que se votará en el pleno de esta semana, ha explicado que el PSC está de acuerdo «de entrada y en el fondo» de la iniciativa, que apoyarán si llegan a un acuerdo sobre las enmiendas que han presentado.
Después de que los comuns tacharan esta proposición de ley de inconstitucional, Romero ha afirmado que ningún grupo ha planteado llevarla al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) y ha deseado que salga adelante: «No hemos visto indicios de inconstitucionalidad».
«La política de vivienda no puede basarse en la comisión de un delito», ha añadido, en referencia a las ocupaciones ilegales, y ha reconocido que el PSC mantiene diferencias con la PAH en relación a las ocupaciones.
A un día del inicio del pleno de esta semana en el Parlament, Romero ha asegurado que, pese al pacto de Presupuestos con el Govern, el PSC seguirá ejerciendo de «oposición crítica pero constructiva».