El PSOE-A ha reclama este domingo a la Junta «sensibilidad» y «que haga un esfuerzo» para mejorar la futura ley de Atención Temprana a favor de los menores y sus familias y que acepte la inclusión en la norma de un plazo máximo de inicio de las terapias.
En una nota, la portavoz de Salud del Grupo Socialista, María Ángeles Prieto, ha reclamado al PP voluntad de acuerdo porque «si la atención no es temprana, no sirve para nada».
María Ángeles Prieto ha valorado la importancia de esta ley que recoge derechos para los menores y sus familias en la atención temprana y ha agradecido las aportaciones de los grupos políticos y colectivos, entidades y profesionales del sector que están contribuyendo a mejorar el borrador inicial de la norma en «aspectos interesantes».
Se ha referido a la «flexibilidad en situaciones especiales (como enfermedad, vacaciones o ingresos hospitalarios); la coordinación con Educación y Servicios Sociales; la formación de profesionales, o la inclusión de la figura del pediatra en unidades de valoración, que no se contemplaba en el borrador inicial».
Ha señalado que el Grupo Socialista puede acercarse al apoyo en la aprobación de la nueva norma en el Pleno de la Cámara si el Gobierno andaluz del PP acepta enmiendas «que implican mejoras decisivas, empezando por garantizar por ley a los menores y sus familias el comienzo de la terapia en el plazo máximo de un mes».
«Es crucial que estas personas reciban asistencia a tiempo», ha insistido la portavoz socialista, quien ha estimado que hay margen para aclarar en la ley las funciones de las nuevas unidades de neurodesarrollo.
«Nos preocupa que las unidades de valoración, que ya están colapsadas, se sobrecarguen más con las tareas de seguimiento y pueda generarse un cuello de botella y un colapso mayor en el sistema», ha indicado.
Otra propuesta socialista, según María Ángeles Prieto, es que la futura ley de Atención Temprana contemple expresamente el concierto social como «herramienta esencial» y que la atención temprana en Andalucía quede en manos de entidades sin ánimo de lucro que acumulan años de experiencia y profesionalidad en este ámbito tan sensible y que garantiza una asistencia a los menores y sus familias «de máxima calidad». Ha recalcado la importancia de que el texto de la norma especifique este modelo para «proteger la atención temprana de la privatización».