La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción y el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA) han convocado este domingo la IV Marcha por el cierre de la incineradora de Valdemingómez, 9 kilómetros de caminata desde la estación de Metro La Gavia hasta la parcela que aloja la polémica infraestructura.
«A pesar de su antigüedad y dudosa eficiencia, la incineradora de Valdemingómez continúa hoy a pleno rendimiento, emitiendo a diario sus gases tóxicos, dioxinas y furanos que contaminan el medio ambiente y ensucian los pulmones de las vecindades de su entorno», critican los promotores de la marcha.
También lamentan que el Ayuntamiento de Madrid «siga empeñado en perpetuar este guion, desoyendo las demandas de la sociedad civil e ignorando el compromiso adquirido por el anterior equipo de Gobierno de cerrar la instalación en 2025 tras un plan de reducción progresiva de su actividad».
De hecho, en virtud de ese plan, que se encuentra en la Estrategia de Residuos aprobada en el mandato de Manuela Carmena, en 2022 la incineradora debería de haber reducido a la mitad el volumen de residuos que quema. «No se ha hecho nada en este sentido», apuntan
Manifestación
La manifestación comenzará a las 11 horas. Cinco minutos antes, portavoces de las organizaciones convocantes atenderán a los medios de comunicación ante la pancarta de cabecera.
Esta edición finalizará ante el depósito de cenizas de la incineradora, un lugar que se hizo famoso el pasado mes de octubre por su falta de control. Las tres entidades citadas, que conforman el Grupo de Trabajo por el Cierre de la Incineradora de Valdemingómez, presentaron entonces una denuncia ante la Guardia Civil al comprobar que «no solo miles de sacas de cenizas de este lugar se hallaban a la intemperie, sin estar enterradas, sino que, además, un buen número de ellas presentaban roturas, de tal forma que su contenido quedaba a merced del viento y la lluvia».
«El domingo comprobaremos 'in situ' el estado del depósito de estos peligrosos desechos. Esperemos que se encuentren correctamente sellados y custodiados», señalan los convocantes.
Otras críticas
También critican que el Ayuntamiento de Madrid haya permitido que Urbaser se ocupara de su gestión sin contrato durante más de dos años. Pero, más allá de estos hechos, lo que más preocupa a las asociaciones vecinales y ecologistas es el impacto de las emisiones de la incineradora sobre la salud de las personas y el medio ambiente.
Así, apuntan que diversas investigaciones científicas (entre ellas un estudio del propio Ayuntamiento y un trabajo de campo de la fundación holandesa ToxicoWatch) han detectado una elevada presencia de dioxinas y furanos en el entorno de la instalación (en lugares como el Ensanche de Vallecas), en proporciones mucho mayores que en otras zonas de la capital.
«Ya es hora de clausurar para siempre una instalación vieja y peligrosa, y de buscar alternativas más limpias, sostenibles y eficientes. Nos jugamos nada más y nada menos que la salud», concluyen los organizadores de la marcha.
El ayuntamiento defiende que cumple con todas las exigencias
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tachaba este viernes de «sesgado» y «sin respaldo oficial» el estudio de la fundación ToxicoWatch y Zero Waste Europe sobre Valdemingómez que alertaría de «alarmantes» niveles de toxinas en Valdemingómez. «En ningún caso dice que se esté incumpliendo la ley», zanjaba.
El Ayuntamiento de Madrid ha remarcado, tras el estudio de la fundación ToxicoWatch y Zero Waste Europe, que el funcionamiento de la planta incineradora de Las Lomas, en el parque tecnológico de Valdemingómez, y sus emisiones cumplen «con todas las exigencias y valores legales».
El Consistorio ha contratado estudios de análisis de las posibles afecciones al entorno del Parque Tecnológico de Valdemingómez, elaborados por organismos como Madrid Salud o el Centro Superior de Investigaciones Científicas, «que no han detectado que pueda atribuirse contaminación en el entorno asociada a la incineradora».
El estudio de Zero Waste emplea «una metodología completamente diferente a la legalmente exigible, que no permite determinar el origen de la contaminación que se pudiera detectar», señala el Consistoriolo que pone en cuestión el rigor en la realización del estudio.