El Gobierno de Aragón, con el objetivo de seguir impulsando la transformación digital de la administración aragonesa y su modernización para prestar un mejor servicio a la ciudadanía, va a invertir 57,8 millones de euros en los próximos cuatro años, a través de un acuerdo marco impulsado por Aragonesa de Servicios Telemáticos, que han presentado este martes la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, y la directora gerente de AST, Mayte Ortín.
El contrato duplicará, ha adelantado Díaz, el esfuerzo económico actual, que pasará de 7,1 millones anuales a 14,45, «para avanzar en la prestación de más y mejores servicios electrónicos a los aragoneses, en la línea de modernización, agilización y digitalización llevada a cabo en los últimos cuatro años».
Tal y como han explicado la consejera, el servicio de puesto de trabajo digital es la solución que proporciona a los empleados públicos de los departamentos de la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos dependientes las herramientas necesarias para realizar su trabajo de una forma eficiente y adecuada a las características de sus funciones.
El contrato supondrá «un salto cualitativo importante», ha afirmado Maru Díaz, y «responderá a las nuevas necesidades» que han surgido en los últimos tiempos por los cambios introducidos desde dentro para modernizar la administración, con una apuesta clara por la atención electrónica y la agilización de procedimientos, como por los impuestos desde fuera por la propia evolución de los acontecimientos y del sector TIC.
«La irrupción del teletrabajo, la necesidad de una mayor movilidad, la evolución del software y del entorno tecnológico, así como la mayor exposición a posibles incidentes de ciberseguridad han alterado notablemente las necesidades de la administración, tanto en las herramientas concretas que necesitan los empleados para su trabajo diario, como en las de gestión y gobierno que se requieren para administrar todo el ecosistema del puesto de trabajo de una forma adecuada», ha manifestado la consejera.
El nuevo modelo responderá a esas nuevas necesidades, potenciando la movilidad del puesto de trabajo y la productividad con nuevas herramientas para trabajar de forma colaborativa, y dotándose de una mayor flexibilidad para adaptarse a la evolución constante del mercado de las TICs.
Por ejemplo, tras dos años y medio desde su regulación, según ha subrayando Díaz, el teletrabajo se está afianzando en la administración autonómica. Más de medio millar de empleados los han solicitado ya en una tendencia claramente alcista.
Este nuevo modelo de trabajo, que se combina con presencialidad, requiere de un equipamiento portátil que, conectado de forma remota a la red corporativa sirva al empleado para acceder a toda la información y aplicaciones necesarias en su día a día; así como de herramientas colaborativas que permitan mejorar la productividad, como almacenamientos compartidos y en la nube, edición online de documentos, salas de videoconferencias y espacios de reunión, compartición de ficheros, entre otros.
Para responder a todo ello, se va a iniciar un nuevo ciclo de renovación de equipos, que afectará a más de 19.000 ordenadores de un parque total de 27.000. En concreto, se van a renovar hasta 19.799 equipos, todos aquellos que en mayo de 2027, a la conclusión del contrato, vayan a tener una antigüedad mayor de ocho años. Y la mitad de ellos serán sustituidos por portátiles, que permiten la movilidad de los empleados.
Además, y ateniendo a la evolución de las soluciones tecnológicas existentes y a la rápida aparición de nuevos servicios, el acuerdo establece una mayor flexibilidad a la hora de contratar, dividiendo el servicio en cuatro lotes para trabajar con las empresas especialistas en cada línea y adaptarse a un entorno tecnológico en constante evolución y a la demanda variable de los distintos departamentos y organismos autónomos.
Solo en los últimos tiempos, conceptos como el cloud, las aplicaciones o servicios en la nube, los escritorios virtuales se están afianzando y seguro aparecerán otros nuevos durante el periodo de vigencia del contrato. Por ello, el «Servicio de atención al usuario, provisión del puesto de trabajo digital y herramientas colaborativas en el ámbito de las TIC con destino a los departamentos y organismos públicos de la comunidad autónoma de Aragón» se articula como acuerdo marco, con cuatro lotes diferenciados, que ha explicado la directora de AST, Mayte Ortín.
El Lote 1 corresponde al Servicio de Atención al Usuario, para atender a los usuarios del puesto de trabajo digital, tanto de forma telefónica como de manera presencial, con un valor estimado de 15,66 millones.
Por su parte, el Lote 2 se refiere al suministro de equipamiento para dotar a todos los usuarios del puesto de trabajo digital de los equipos necesarios acordes a su perfil, que permita poder contar con varios distribuidores y varias marcas y modelos de equipamiento que garanticen el suministro en tiempo y forma de las necesidades que surjan a lo largo de la vigencia de todo el contrato, siendo el valor estimado de 26 millones de euros.
El Lote 3 comprende el Suministro de licencias necesarias para dotar a todos los usuarios del puesto de trabajo digital de las herramientas necesarias acordes a su perfil, pudiendo variar éstas desde una simple cuenta de correo, hasta una suite completa de colaboración con capacidad de videoconferencia, compartición de documentos, chat, ofimática y almacenamiento en la nube, con una estimación de 14,23 millones de euros.
El Lote 4, con un valor de 1,95 millones, se encargará entre otras tareas, de la gestión y evolución de los servicios, de la administración y evolución de plataformas, realizará la coordinación de la actividad incluida en el alcance de todos los lotes, colaborará en la gestión de los SLA's, preparación de informes, participará en los proyectos de transformación y dispondrá de recursos especialistas que puedan necesitarse en proyectos de la entidad.
La duración del nuevo acuerdo marco será de cuatro años, con posibilidad de un año de prórroga. El valor estimado del nuevo contrato durante los cuatro años inicialmente previstos asciende a 57.850.588 euros, IVA incluido, lo que supone un incremento anual respecto al contrato anterior del 103%.