El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), Joaquín Palacín, ha exigido al Gobierno de España que reclame en la Unión Europea los cambios legales necesarios para evitar que se exima de evaluación ambiental a los proyectos de renovables en zonas no protegidas.
Palacín ha manifestado su «indignación» por la decisión del Gobierno de España de limitarse a asumir la exención de la evaluación ambiental a los nuevos proyectos de renovables en zonas no protegidas hasta finales de 2024, según han apuntado desde la formación política.
«El Consejo de Ministros ha incorporado al decreto de medidas anticrisis el acuerdo de la UE para agilizar las nuevas plantas de generación de energía renovable», ha lamentado Palacín, quien ha recordado que el pasado mes de noviembre ya alertó de «la peligrosa intención de la Comisión Europea de acelerar el proceso de tramitación administrativa para acortar los plazos para la instalación y ampliación de estas instalaciones».
En este sentido, Joaquín Palacín ha criticado que «con la excusa de la crisis energética provocada por la invasión rusa a Ucrania se pretende pisar el acelerador con las renovables, aunque eso suponga eliminar la protección del hábitat de algunas especies».
Supresión de procesos
El presidente de CHA ha remarcado que el Gobierno de España aprobó en marzo un Real Decreto-Ley que incluía «aberrantes modificaciones legislativas que tendrán afecciones negativas, muy graves, para el territorio, dado que se suprimen algunos de los necesarios procesos de evaluación ambiental aplicables a determinados proyectos de energías renovables».
Ha detallado que en el citado documento se eliminaban factores esenciales de este mecanismo de protección ambiental para las grandes plantas fotovoltaicas de hasta 150MW y los parques eólicos de hasta 75MW.
«Con este tipo de medidas se obstaculiza la participación de la ciudadanía afectada, con consecuencias sustanciales en los espacios de la Red Natura 2000, estableciendo diferentes varas de medir y alterando principios básicos de la evaluación ambiental», ha afeado el presidente de CHA.
Asimismo, ha señalado la necesidad de adaptar las diferentes legislaciones para regular adecuadamente esta avalancha de proyectos, frente al «todo vale» que deja libre el camino a los intereses especuladores que no miran por el impacto territorial.
Por tanto, Palacín ha anunciado la presentación de una nueva iniciativa en el Senado, a través del senador de Compromís Carles Mulet, para reclamar al Gobierno de España «que dé marcha atrás y vuelva a exigir ante la UE la necesidad de la evaluación de impacto ambiental pertinente en estos casos».
«Desde CHA reafirmamos nuestro apoyo a la transición hacia las energías renovables, pero manteniendo una evaluación de impacto territorial conjunta y eficaz, permitiendo complementar la visión económica y la visión ambiental», ha dicho el presidente de CHA, quien también reclama «una planificación estratégica que añada la perspectiva socioeconómica y paisajística a la actual evaluación ambiental».
Ha precisado que la actual avalancha de proyectos de instalación de centrales de energía renovable repite, lamentablemente, el modelo extractivista y depredador del territorio llevado a cabo por la política de los grandes pantanos ubicados en Aragón, especialmente en el Pirineo«; mientras que CHA propone contar con la opinión de las gentes del lugar afectado por estas instalaciones, »porque el territorio debe ser protagonista y no un mero rehén de intereses económicos especulativos".
Por último, el presidente de Chunta Aragonesista ha insistido en su defensa de «una planificación adecuada para la instalación de centrales eólicas y fotovoltaicas en nuestro medio rural, teniendo en cuenta los impactos ambientales, paisajísticos, sociales y territoriales que estas instalaciones generan para que no se produzca una instalación masiva y sobredimensionada de estas centrales energéticas en Aragón».
Ha pedido dar prioridad a modelos de comunidades energéticas locales y autoconsumo que democraticen el mercado energético, «para que no se vuelva a depender de oligopolios que controlan el precio de la energía pensando solamente en sus intereses económicos».