El parque Ribalta ha sido este miércoles escenario de momentos de tensión durante los trabajos de retirada de la Cruz hasta su emplazamiento definitivo. A mediodía más de un centenar de ciudadanos se han concentrado en contra del traslado del monumento bajo un importante dispositivo de agentes de la Policía Local y Nacional para impedir que los asistentes se acercaran al lugar de los trabajos.
Durante la protesta, se han producido insultos y gritos de «terroristas» y «asesinos» por parte de un grupo de personas al llegar al lugar representantes de Compromís; algunos participantes han proferido gritos de 'fuera' y también otros han rezado un Ave María. Además, los agentes han tenido que sacar a una mujer que pretendría entrar en el recinto de las obras. Otra pancarta daba la bienvenida a la retirada de la cruz: 'Feliç Ofensiva. Antifa 2023'.
La concentración ha sido convocada por la Plataforma de defensa de la Cruz del Ribalta, apoyada por la Fundación Española de Abogados Cristianos --que ha promovido un largo proceso contencioso contra la decisión del Ayuntamiento de Castelló de retirar el monumento en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica--.
La concejala de Memoria Democrática, Verónica Ruiz, ha señalado, en declaraciones a los medios, que este es «un día histórico para la ciudad de Castelló y para la democracia a pesar de haya cuatro personas que estén cantando consignas que atentan contra la democracia». «Hoy es un día en el que cumplimos la Ley de Memoria Democrática», ha apuntado y ha indicado que la última solicitud de medidas cautelarísimas que han interpuesto Vox y Abogados Cristianos ha sido inadmitida, según le han comunicado.
«Vamos a continuar, después de tantos años de lucha y de obstáculos jurídicos por culpa de estas personas, pues ahora podemos retirar la Cruz y el monumento fascista que degrada a una parte de la sociedad», ha subrayado Ruiz.
"vestigio franquista"
Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno, José Luis López, ha manifestado que se retira el «vestigio franquista» en el parque Ribalta «en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática», y ha añadido que, además, el catálogo aprobado por les Corts Valencianes «establece que este monumento es un vestigio franquista».
En esta línea, la concejala de Podem María Jesús Garrido ha explicado que «un símbolo franquista en plena democracia no pinta absolutamente nada, los símbolos franquistas son para los que sean de Franco y que los pongan para su gozo personal, pero la ciudadanía no tiene que seguir soportando cosas de un pasado muy duro».
En cuanto a los trabajos, según ha dicho López, esta tarde se procederá a llevar la Cruz al lugar donde se ha decidió por parte del Obispado y se instalará en el nuevo emplazamiento. Los trabajos incluyen el entablillado de la propia Cruz para protegerla, «ya que era un elemento deteriorado», y en cuanto se termine, se procederá a retirarla y «esta noche quedará ubicada en el lugar definitivo».
Frente a esta postura, el portavoz de Abogados Cristianos, Norberto Domínguez, ha señalado que hace unos días el juzgado rechazó un recurso contencioso y medidas cautelarísimas que habían presentado «porque no veía inminente la retirada de la Cruz; sin embargo hoy vemos cómo los operarios la están encofrando y picando la base para trasladarla, por lo tanto no entendemos que no se viera la inminencia de ese derribo», ha lamentado.
"no hace daño a nadie"
Según ha explicado a los medios de comunicación, «la Cruz es un símbolo religioso-cristiano y punto:, no es nada más, y retirarla solo ha generado odio, división y crispación entre los castellonenses, por eso se tiene que quedar en el Parque Ribalta porque no hace daño a nadie».
«No vemos necesario gastar el dinero de los contribuyentes en trasladar un símbolo que está bien donde está, ya que cuesta su retirada más de 60.000 euros de dinero público. Si argumentan que es un símbolo fascista, que no lo es, lo va a ser aquí y en cualquier otra plaza», ha dicho, y ha sostenido que la Ley de Memoria Histórica «no ampara el derribo de símbolos religiosos, y no hay necesidad de trasladar un símbolo religioso que no tiene ninguna significación política desde hace 40 años».
"no les va a salir gratis"
Domínguez ha argumentado que, si finalmente se retira la Cruz, al PSOE y a Compromís «no les va a salir gratis, lo pagarán en mayo en las urnas porque los castellonenses no quieren que se derribe la Cruz». Desde Abogados Cristianos van a exigir el compromiso «real, firme y por escrito» de todos los partidos para que repongan la Cruz del Parque Ribalta.
«El Gobierno municipal está demostrando un odio anticristiano y sectario, pues lleva siete años persiguiendo un símbolo religioso que no hace daño a nadie, y lo que han conseguido es generar odio y división con un símbolo religioso», ha agregado.
"acto de revancha"
Desde el grupo municipal 'popular', su portavoz, Begoña Carrasco, ha indicado que la Cruz «solo tiene un significado cristiano y fue resignifica en 1979 para que homenajeara a todas la víctimas de la violencia sin distinción», por lo que ha calificado la retirada de la misma como «un acto de revancha y de sectarismo». La 'popular' ha asegurado no entender por qué la Cruz de Vila-real que también fue resignificada no se retira y la de Castelló sí.
«El PP apuesta por la unión, por sumar, por el Castelló de todos, y queremos luchar todos por un futuro mejor», ha explicado Carrasco, quien considera que el derribo va a perjudicar a la Cruz, y se ha comprometido a estudiar el estado en que quedará la misma «y ver la mejor solución, escuchando lo que quieren los castellonenses». La 'popular' espera que la retirada de la Cruz «pase factura en las urnas y que sea lo último que tiren».
Por su parte, el edil de Ciudadanos (Cs) Esteban Ventura ha recordado, por su parte, que la Cruz esta resignificada desde 1979, y ha añadido que la retirada «no es más que una muestra de las políticas sectarias del tripartito».
Vox ha informado en un comunicado de la presentación de una denuncia contra Verónica Ruiz por presunto delito de prevaricación administrativa en la retirada de la Cruz, ya que alega la existencia de «numerosa jurisprudencia que afirma que aquellos monumentos que han sido despojados de su simbología franquista originaria cumplen con la legalidad vigente sobre memoria histórica y que lo que realmente pretende el Ayuntamiento es eliminar un símbolo religioso del espacio público».
"Es evidente, pues, que el Ayuntamiento está tergiversando la
realidad de los hechos para conseguir un objetivo ilícito, faltando deliberadamente a la verdad", ha criticado.