Los ejes de las 263 enmiendas que ha presentado el PP al presupuesto de la Comunidad para 2023, y que suponen un importe cercano a los 130 millones de euros, se centran en acabar con el infierno fiscal en el que Lambán ha sumido a los aragoneses, mejorar la sanidad pública y poner en marcha políticas de apoyo al medio rural para luchar contra la despoblación.
Así lo ha señalado la portavoz de Hacienda del PP, Carmen Susín, quien ha dicho que estas enmiendas son la «base» del compromiso del PP con los aragoneses, frente a un presupuesto que «incide en los mismos errores de siempre, sablear el bolsillo de los aragoneses, ya que no afronta una rebaja fiscal real que devuelva poder adquisitivo y que nos sitúe a las rentas medias y bajas como mínimo, en la media española».
Un presupuesto, que "sigue aumentado la deuda y que demora
su pago a 2027, cundo ya no habrá fondos europeos, y que además recoge promesas que, como siempre, acabarán incumplidas entre otras cosas por la poca capacidad de gestión de este Gobierno", ha apostillado.
Susín ha manifestado que el PP ha trabajado con rigor y seriedad, a pesar de que la propia técnica legislativa no permite elaborar un presupuesto de base cero que corrija las políticas «erráticas» del gobierno por lo que este proceso de enmiendas «da escaso margen para mover dinero y tiene un carácter simbólico». Ha añadido: «Estamos seguros que una vez más aplicarán el rodillo parlamentario para rechazar todas las enmiendas que presentamos».
Infierno fiscal
Para acabar con el «infierno fiscal», el PP ha presentado enmiendas para una rebaja real del IRPF porque «tenemos que evitar que los aragoneses tributen más de lo que les corresponde en la declaración de la renta de 2023 por la subida de salarios cuando lo que realmente ha ocurrido es que se han empobrecido a causa de la inflación», ha indicado.
El PP defiende también la bonificación de Sucesiones y Donaciones al 99 por ciento así como que se eleve el mínimo exento en el Impuesto de Patrimonio.
Además, la portavoz popular de Hacienda ha exigido al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que cumpla con lo que promete. "Prometió una ayuda de 200 euros para las familias más vulnerables y ahora retrasa el pago hasta seis meses. Exigimos que pague esos
200 euros en enero, si tiene el presupuesto tiene que pagar".
Desde el PP se ha exigido al jefe del Ejecutivo autonómico que elimine la disposición final por la que renuncia «de hecho y de derecho» a reunir la comisión mixta de Asuntos Económico-Financieros donde, entre otras cosas, deben negociarse las inversiones para Aragón. «Otro ejemplo más de cómo Lambán se pliega a Sánchez».
Sanidad y apoyo al medio rural
Gran parte de las enmiendas del PP van encaminadas a mejorar la sanidad pública aragonesa, «enormemente deteriorada tras ocho años de gobiernos socialistas», y también a apoyar al medio rural con políticas eficaces en la lucha contra la despoblación.
En lo que a sanidad se refiere, el PP reclama que se complete ya el grado de Medicina en Huesca y que el Gobierno trabaje en el problema más grave en estos momentos: la falta de personal, la reapertura de consultorios locales y de los puntos de atención continuada. "Necesitamos también más inversión en infraestructuras, especialmente en el territorio, les recuerdo que con ocho años
de gobierno de Lambán ni el hospital de Teruel ni el de Alcañiz están en funcionamiento".
El apoyo al medio rural es esencial y «se ha convertido en uno de los fracasos de este Ejecutivo», según los populares. Por ello, el PP ha presentado varias enmiendas para poner en marcha medidas reales y eficaces en la lucha contra la despoblación, muchas de ellas afectan a las malas carretares aragoneses, porque «después de ocho años, con PSOE y CHA ni personas ni carreteras».
Además, se pide que sea el Gobierno de Aragón quien pague los helipuertos de uso nocturno en las comarcas, la mejora de infraestructuras de justicia en pequeños partidos judiciales y el aumento de las partidas para juzgados de paz.
En materia económica y de industria el PP ha presentado enmiendas para apoyar a autónomos y pymes «olvidados por el Gobierno de Lambán» y también para que «tanto la industria como las familias puedan hacer frente a los elevados costes energéticos que estamos sufriendo», ha abogado Carmen Susín.