PP, Ciudadanos y Vox se han opuesto frontalmente al requisito lingüístico para los funcionarios, anunciado este lunes por la Generalitat tras años de negociaciones, además de advertir de la existencia de otro «encubierto» para los sanitarios al puntuar más el conocimiento del valenciano que una tesis doctoral.
El requisito, según expusieron las conselleras Gabriela Bravo (Administración) y Raquel Tamarit (Educación), será del C1 de valenciano para los funcionarios de alto rango a partir de 2025, pero no se aplicará hasta 2025 y no afectará ni a sanitarios ni a docentes. Además, el conocimiento de esta lengua se homologará automáticamente al aprobar la asignatura en ESO y Bachillerato, con efectos retroactivos al curso 2021-2022.
En rueda de prensa tras la junta de síndicas en Les Corts, Mª José Catalá (PP) ha quedado a la espera de ver «la letra pequeña» del acuerdo, pero ha advertido que es «significativo» que la única entidad que lo haya respaldado sea Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y que «incluso UGT haya dicho que no hay acuerdo sindical».
En cualquier caso, ha criticado que puntúe más saber valenciano que una tesis doctoral en el baremo propuesto por la Conselleria de Sanidad para que los interinos consoliden su plaza.
«Es un requisito encubierto y es muy peligroso», ha denunciado la también exconsellera de Educación, además de alertar que la homologación automática de títulos «puede suponer una discriminación» para los cursos anteriores a 2021-2022.
Ruth Merino (Cs) ha coincidido en que es una «barbaridad» que el valenciano pueda puntuar el triple que una tesis doctoral para los interinos sanitarios, por lo que ha llamado a «abrir fronteras en lugar de poner trabas cada vez más altas». «El valenciano hay que respetarlo, hablarlo y fomentarlo, pero no puede ser una barrera para desarrollar un proyecto de vida», ha reivindicado.
También de la oposición, José Mª Llanos (Vox) ha asegurado que el requisito supone «utilizar la lengua como arma política» y «imponer el catalán en lugar del valenciano». «No cabe en cabeza alguna», ha dicho, y ha acusado al 'president' Ximo Puig de ser un «buen alumno» de Zapatero con esta capacitación lingüística.
"cesiones mutuas"
Entre los grupos del Botànic, el portavoz adjunto de Unides Podem, Ferran Martínez, se ha mostrado satisfecho con el acuerdo entre PSPV y Compromís para desbloquear el requisito, si bien ha reconocido que «seguramente no será perfecto porque todos los acuerdos suponen cesiones mutuas».
Ahora bien, ha querido dejar claro en que su partido apoya todo lo que suponga avanzar en derechos lingüísticos, además de rechazar la «imposición» de la que habla la oposición porque se trata de «proteger la lengua: uno de nuestros mayores patrimonios». «El próximo requisito será la lengua de signos», ha añadido irónicamente la síndica, Pilar Lima.