El Grupo Socialista va a exigir que el Parlamento de Andalucía inste al Gobierno de la Junta a reforzar la atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales, mediante el incremento de la contratación de profesionales especialistas en pedagogía terapéutica (PT), maestros de audición y lenguaje (AL), personal técnico de integración social (PTIS) e intérpretes de lengua de signos (Ilses), equipos de orientación educativa (EOE) y cualquier otro personal docente necesario en los centros educativo que así lo demanden, ampliando las unidades existentes y reforzando las actuales.
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista María Márquez defenderá en el próximo Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) para que el Gobierno de la Junta pongan en marcha las medidas precisas para «garantizar las condiciones laborales dignas de todos los trabajadores contratados que atienen al alumnado con necesidades educativas especiales» y así impedir que se produzcan «más retrasos en los abonos de nóminas, cambios en los contratos sin consentimiento de los trabajadores o vulneración de derechos laborales».
Según ha explicado Márquez a través de un comunicado, la atención a la diversidad se establece como «principio fundamental» que debe guiar la enseñanza básica con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades.
La portavoz adjunta socialista se ha referido a la importancia de atender correctamente a todo el alumnado con trastornos graves del desarrollo, discapacidad sensorial visual o auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad física o motora, trastornos de la comunicación, trastorno del espectro autista, trastorno grave de conducta, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta, trastornos genéticos, y otras enfermedades raras y crónicas.
También tienen necesidades específicas de apoyo educativo estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje, de altas capacidades intelectuales y quienes precisan acciones de carácter compensatorio, según ha apuntado.
Así, la legislación consagra derechos específicos para este colectivo amplio y heterogéneo, al tiempo que también «establece obligaciones para la administración autonómica que el actual Gobierno Andaluz no puede dejar de cumplir», según ha explicado María Márquez, «por una cuestión de justicia social» además de «por imperativo legal».
«Dada la financiación extraordinaria que está percibiendo nuestra comunidad autónoma de fondos estatales y europeos debe producirse un incremento en la contratación y formación específica de profesionales, de bajada de ratios y de dotación de materiales para desempeñar el trabajo» ha destacado Márquez.