El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha alertado este jueves de que la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que ya ha iniciado el trámite parlamentario para su aprobación final, supondrá una «invasión» en las competencias de las comunidades autónomas en materia de financiación de las universidades, y ha calificado de «despropósito» el Estatuto del Becario, que, por un lado, «merma» la capacidad de hacer prácticas extracurriculares que son «fundamentales para la empleabilidad» y, por otro, favorece la existencia de «estudiantes de primera y de segunda» en el caso de las prácticas curriculares --las que hacen estudiantes de Medicina y Magisterio, por ejemplo, en organismos públicos--.
En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, el titular andaluz de Universidades ha lamentado que el Gobierno central haya «sumado los votos» y se disponga a una aprobar una Ley que «no responde a las necesidades» del sistema público universitario. «Lo triste es que, al final, harán concesiones a algún partido para que salga adelante. Me temo que no será nada buena», ha remarcado Gómez Villamandos, que ha sostenido que contra la LOSU hay «un clamor popular». Asimismo, el consejero ha vaticinado que la Ley «compromete la gobernanza», entrando en un sistema «populista y asambleario», y «coarta mucho la autonomía universitaria en personal», al tiempo que «no se abordan» cuestiones como la internacionalización.
Por último, Gómez Villamandos ha avisado de que la nueva norma es una ley «cara» y «pensada para problemas concretos». Además de las críticas a la LOSU, el consejero ha calificado de «despropósito» el Estatuto del Becario que quiere aprobar el Ministerio de Trabajo. En relación con las prácticas extracurriculares, el texto obliga a que los becarios sean contratados por las empresas. «No pareciéndonos ni bien ni mal, no sabemos cómo lo podrán asumir las pymes», lo que podría «mermar» la capacidad de hacer prácticas que son «fundamentales para la empleabilidad». En cuanto a las prácticas externas curriculares, aquellas que hacen, por ejemplo, estudiantes de Medicina y Magisterio en organismos públicos, el Estatuto establece que deben ser dados de alta en la Seguridad Social.
«Esto es un despropósito», ha asegurado el consejero, que ha remarcado también que se crearían «estudiantes de primera y segunda». «Esto hay que revertirlo», ha apostillado. En relación con la oferta de grados, congelada en Andalucía desde 2010, el consejero de Universidades ha anunciado que esta situación «hay que desbloquearla» para que el catálogo de titulaciones responda a las «necesidades» de la sociedad y el mercado laboral. «Lo vamos a hacer enseguida», ha apuntado, aludiendo a que se fijarán criterios de «territorialidad» y de «oportunidad estratégica y de empleabilidad» para que las universidades, desde su «autonomía», cuenten con una «oferta más competitiva».