Los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) han registrado sus enmiendas a la totalidad a la nueva Ley de Servicios Sociales por tender la mano al «neoliberalismo» y a la «especulación».
En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, el portavoz adjunto del PSOE, Jesús Celada, ha indicado que está de acuerdo con que se actualice la Ley del Gobierno regional pero no cómo el PP la propone, que lo que hace es «tender la mano al neoliberalismo en residencias, a especuladores y mercados privados».
«Nuestra propuesta está consensuada con las entidades sociales del tercer sector y cumplimos con sus reivindicaciones: aumentar ratios, el presupuesto blindarlo, pautas de calidad que eviten lo que ha pasado en las residencias en la pandemia», ha expuesto.
Por su parte, la portavoz del PSOE de Políticas Sociales, Lorena Morales, ha lamentado que todo se «venda» al «peor postor» con los servicios sociales. «No se puede hacer caja con el cuidado de las personas mayores. Por eso, no solo queremos poner pie en pared y presentamos alternativas que apuesten de verdad por los servicios sociales, apoye a las familias», ha esgrimido.
A continuación, Isabel López, representante de la Asociación María Naranja, ha presentado consideraciones a esta Ley que, a su parecer, «no plantea ni se enfrenta a los retos de una desregularización y la sobrecarga de las entidades locales». Además, considera que el compromiso con la Comunidad de Madrid es «absolutamente cero».
La portavoz de Políticas Sociales de Unidas Podemos, Paloma G. Villa, también cree que esta normativa es un «butrón» al estado de derecho que se va a «permitir la privatización de servicios sociales». Además, ha asegurado que las ONGs les han trasladado que están en contra de esta normativa y ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid que «rectifique» y presente una Ley que «permita que los servicios sociales sean una base más del estado de bienestar».
En esta línea, el diputado de Más Madrid Emilio Delgado ha explicado que para el conjunto de entidades del tercer sector esta normativa supone un «retroceso» porque «no garantiza las ratios de profesionales, ni es capaz de garantizar la universalidad de los servicios y privatiza al sector».