El Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, solicitará este jueves a partir de las 16,00 horas en el Parlamento Europeo «amparo institucional» en nombre de la ciudad por el problema de los cortes de luz y requerirá a los eurodiputados asistentes que «intervengan en su ámbito de competencias y ayuden a estos vecinos en cumplimiento de la legislación de la Unión Europea».
Así lo ha indicado Manuel Martín en el transcurso de una comparecencia de prensa ofrecida en el Ayuntamiento de Granada donde ha estado acompañado por el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca; el segundo teniente de alcalde y presidente de la Junta de Distrito Norte, el concejal Jacobo Calvo, y dos vecinos afectados por la problemática, Rosario García, presidenta de la asociación Nueva Cartuja, y el sacerdote de la barriada de La Paz, Mario Picazo.
Manuel Martín, quien ha agradecido la implicación, el compromiso y el apoyo del máximo responsable municipal con esta causa, que ha considerado «justa, en tanto que solo pedimos poner fin a las interrupciones de suministro a familias y negocios que pagan sus facturas, las elevadas facturas eléctricas», ha animado a la ciudadanía a participar en el desarrollo de la comisión que, al ser abierta a todo el público, podrá seguirse a través de la web del Europarlamento.
Francisco Cuenca, por su parte, ha indicado que Granada da un paso más en la lucha por conseguir que «personas de nuestra ciudad tenga un derecho fundamental como es el acceso a la electricidad, sin el que se está impidiendo a muchos granadinos a tener una vida digna», ha dicho.
A continuación ha destacado que detrás de la iniciativa de la Oficina del Defensor de la Ciudadanía se encuentra el «convencimiento de este equipo de gobierno de que el problema de los cortes de luz es el mayor problema en nuestra ciudad».
En este sentido, ha vuelto a reiterar el «compromiso» del gobierno local, respaldado «por todos los grupos municipales», de liderar la lucha para garantizar el suministro de luz en el distrito Norte.
«Estamos ante un problema de ciudad por eso el Ayuntamiento va a estar allí, con la asistencia del segundo teniente de alcalde y presidente de la junta de distrito, Jacobo Calvo, para trasladar a la Comisión de Seguimiento del Parlamento Europeo que es un asunto que afecta a toda Granada».
Ha mostrado su confianza de que la respuesta del resto de grupos parlamentarios en Bruselas permita «desarrollar un marco legislativo europeo para regularizar y garantizar el suministro de servicios básicos a las familias».
Al referirse a la petición de amparo que llega a Europa, el Defensor granadino ha recordado que «arrancó el 8 de febrero de 2021», fecha en que «pidió el amparo europeo para acabar con un problema enquistado y cronificado que afecta a todos los ámbitos de la vida familiar y empresarial de los vecinos de Norte y vulnera derechos; tengamos en cuenta que hablamos de un distrito con aproximadamente 27.000 vecinos».
Según ha explicado, el 21 de septiembre del año pasado la Comisión comunicaba a la Oficina que dicha petición se declaraba admisible y se abrió un periodo para adhesiones de particulares o instituciones. En el periodo se lograron 244 adhesiones «a pesar de la dificultad y complejidad del proceso para acceder a la plataforma, acreditarse y adherirse».
Martín ha indicado que, transcurridos cinco meses, el 1 de febrero de 2022 la Comisión daba una primera respuesta a la petición, una respuesta en la que advertía de que «los litigios entre consumidores y proveedores de energía o entidades responsables de la instalación, el mantenimiento y la mejora de la red eléctrica no son competencia de la Comisión, sino de las autoridades nacionales».
En un comunicado de cinco páginas la Comisión de Peticiones respondía al Defensor granadino que «son las autoridades nacionales quienes deben llevar a cabo la evaluación solicitada por el peticionario».
También en aquel escrito de respuesta la Comisión reconocía ser consciente de que este Defensor «estaba bien situado para haber agotado todos los mecanismos de movilización»; «me animaba a seguir remitiéndome a las numerosas instituciones de política en materia de consumidores en España»; y a considerar «la posibilidad de llevar el caso a los tribunales».
No obstante, el documento europeo advertía de que a fin de acelerar la respuesta de España, la propia Comisión se pondría en contacto con las autoridades españolas pertinentes; que les transferiría la información de la petición granadina y «supervisará la aplicación de la legislación de la Unión Europea por parte de España» en la materia.
Para Martín, «lo que pueda suceder el jueves está por conocerse, pues una vez agote mi tiempo de intervención y, una vez tomen la palabra los eurodiputados según esté estipulado, se deberá votar si la petición granadina se mantiene abierta o se resuelve cerrarla por entender que sea competencia de otras instituciones o por otras razones».
En ese afán de recabar apoyos para la causa del distrito Norte granadino en el seno de la Unión Europea, el Defensor, a lo largo de la mañana del 8 de septiembre, justo antes de su intervención prevista a primera hora de la tarde, mantendrá encuentros con diputados con representación en dicha comisión, de distintos grupos políticos.
E igualmente "mantendré una reunión con EAPN (siglas de European Anti Poverty Network, que es una coalición independiente de ONG y otros grupos involucrados en la lucha contra la exclusión social en los estados miembros de la Unión Europea).
Ha enumerado algunas como reuniones de las distintas mesas de trabajo, contacto permanente con las distintas instituciones, -desde el Ayuntamiento a la Junta, el Gobierno de España, o el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas-, concentraciones o manifestaciones.
«También en su día se elevó el asunto a los tribunales y hace unos meses, en abril, se celebraron unas jornadas profesionales de estudio del problema y sus soluciones, con la Universidad de Granada; recuerdo también el encierro de una semana, las decenas de reuniones con colectivos y atención a usuarios afectados; la correspondencia cruzada con las diversas instituciones, del Centro de Evaluación y Seguimiento Energético de Andalucía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y un largo camino de intentonas que no acaban de dar al traste con un problema enquistado».
Red de ciudades afectadas
Martín ha terminado sus palabras agradeciendo la labor de muchas personas: «el hecho de que la comisión de peticiones escuche a los vecinos afectados es un paso histórico, decisivo, de una cadena que no va a parar hasta que todo se resuelva» y en este sentido ha recordado que al ser esta realidad extensible a otros barrios y municipios de nuestra geografía, «es preciso impulsar una red de ciudades afectadas».
La presidenta de Nueva Cartuja, Rosario García ha asegurado que preferiría «no hacer este viaje, no tener que estar el jueves en Bruselas, sino que en mi barrio y distrito, no tuviéramos este problema, sino que viviéramos en normalidad y sin cortes» por lo que espera que «sea el principio del fin de esta noche».
En la misma línea, el cura de La Paz, Mario Picazo, ha agradecido a las instituciones, asociaciones, vecinos y personas que apoyan esta causa «por el trabajo inmenso y el compromiso serio con algo que es justo».