La Federación Andaluza Empresarial de Transporte en Autobús (Fandabus) ha considerado que la gratuidad de los abonos de Cercanías y Media Distancia prestados por Renfe suponen «un agravio comparativo, así como una doble discriminación» a los territorios que no tienen ferrocarril y a las empresas que prestan el servicio público de transporte en autobús.
Según un comunicado de este lunes, por un lado, esta medida da un tratamiento diferenciado a los territorios que tienen ferrocarril sobre los que no lo tienen, que son la mayoría en Andalucía; y por otro lado, prima a un modo de transporte frente al autobús, que es el transporte que más viajeros mueve y mayor número de poblaciones conecta.
Así, creen que «el Gobierno está incurriendo en una práctica que puede suponer competencia desleal de un operador público frente a muchas empresas privadas, que prestan el servicio público de transporte».
Fandabus ha señalado que esta medida tendrá unas «consecuencias nefastas» para las empresas de transporte de viajeros por carretera, ya que se «desplazará la demanda en todos los corredores coincidentes con el ferrocarril», demanda que será difícil de recuperar una vez se haya eliminado la medida.
Con esta decisión, de no ampliarse a todo el sistema de transporte público, «se dañaría más aún a un sector, el único que garantiza la movilidad en todo el territorio, que ya se encuentra en una situación muy complicada tras el impacto que supusieron las medidas de restricción de la movilidad provocadas por la pandemia del Covid, y que aún no ha recuperado los niveles de demanda pre-pandemia», según han manifestado.
Asimismo, desde la Federación de Autobuses han querido recalcar que a todo esto hay que sumar las consecuencias del «extraordinario incremento» del precio de los combustibles, que está teniendo un «enorme impacto en las cuentas de resultados de las empresas del sector».
Por lo que han concluido calificando este anuncio como «un 'palo en la rueda' de un sector estratégico y que garantiza en muchos territorios, especialmente de las zonas rurales, el derecho fundamental a la movilidad y el acceso a servicios básicos del Estado del Bienestar, como son la educación, la sanidad y el trabajo».