El Anuario de El Económico ha dado cabida también este año al análisis y la reflexión sobre las principales novedades legales y fiscales acontecidas durante 2024; un ejercicio que, debido al contexto político actual, no ha proporcionado una abundante actividad legislativa -han sido aprobados 13 leyes y 11 decretos-leyes-, pero que nos ha dejado disposiciones de gran calado y repercusión, como la reforma del artículo 49 de la Constitución con el objetivo de proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad en España, o la tan controvertida Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
Con todo, por razones obvias, en las presentes líneas, nos centraremos exclusivamente en las novedades que han tenido un mayor impacto económico y, en particular, en aquellas concretas medidas que hayan podido afectar de manera más directa a las empresas de Balears. En el ámbito tributario, el ejercicio dio comienzo con la sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de enero de 2024 que declaró la inconstitucionalidad del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, conocido como el Decreto-ley del «impuesto a las pérdidas». Sin embargo, pese a dicho pronunciamiento, las medidas declaradas nulas (entre otras, los límites a la compensación de bases imponibles negativas y a la aplicación de las deducciones por doble imposición en el Impuesto sobre Sociedades -IS-) fueron restablecidas por la Ley 7/2024, de 20 de diciembre.
Esta última Ley, en transposición de la Directiva 2022/2523 (del Pilar Dos), aprobó un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud. Adicionalmente, dicha norma, en el ámbito del IS, aumentó el porcentaje de la reserva de capitalización, redujo los tipos de gravamen a las empresas con una cifra de negocio inferior a 1.000.000 euros, y, en el IRPF, elevó dos puntos porcentuales el tipo de gravamen aplicable a la renta del ahorro a partir de 300.000 euros de base liquidable, pasando del 28% al 30%.
Finalmente, en relación con el Impuesto sobre el Patrimonio, 2024 fue el primer ejercicio de aplicación en Balears del mínimo exento de 3.000.000 euros. Desde el punto de vista laboral, el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, potenció el papel de la negociación colectiva autonómica siempre que sea más favorable que la norma estatal aplicable. Por otra parte, el Tribunal Supremo (TS), en su sentencia de 18 de noviembre de 2024, concluyó que las empresas deben conceder un trámite de audiencia previa a la persona trabajadora en los casos de despidos disciplinarios. Asimismo, en sentencia de 19 de diciembre de 2024, el TS rechazó que sea posible incrementar en vía judicial la indemnización por despido improcedente prevista en el art. 56 del Estatuto de los Trabajadores.
En materia societaria, al cierre del ejercicio 2024 finalizaba la llamada «moratoria contable», aprobada con ocasión de la COVID-19, en relación con la causa de disolución obligatoria por pérdidas sufridas por las empresas durante la pandemia. El Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, aprobó una extensión de dicha moratoria hasta 2026. No obstante, como dicho decreto-ley (acuñado como «ómnibus») no fue convalidado por las Cortes, la referida extensión no llegó a hacerse efectiva.
Por último, cabe destacar una norma que, a buen seguro, será de gran relevancia en el mundo empresarial: el Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (IA), que implicará que las empresas deban comenzar a evaluar sus sistemas de IA y a valorar sus riesgos.
En suma, cerramos un ejercicio en el que el nivel de producción normativa ha sido moderado y que, sin embargo, ha traído consigo importantes decisiones judiciales, así como la cristalización de normativa comunitaria de sumo interés.