Hacer coincidir en la misma frase las palabras «invertir» y «conservación» puede resultar un oxímoron, si se interpreta como una propuesta de una mayor comercialización de la mar. Pero no lo es. Ni mucho menos.
No por mucho repetirlo se es suficientemente consciente de que una parte muy importante de la actividad económica de nuestras islas está basada en que se mantenga el mar que nos rodea en un buen estado ecológico, estético y sanitario. Los ingresos relacionados con la hostelería, la restauración, la pesca profesional y recreativa, la náutica y los deportes marinos dependen de unos mares limpios y llenos de vida. También hay que dar un incuantificable valor a las satisfacciones que proporciona el disfrute de las playas y la costa, o la simple contemplación de paisajes marinos de calidad, en superficie o sumergidos.
No obstante, parece tomarse por descontado que todos los beneficios que nuestros mares proporcionan a la sociedad balear deben llegar gratuitamente, sin costes ni esfuerzos de ningún tipo. En unas circunstancias como las actuales, en unas islas donde la masificación se acentúa de año en año, es ilusorio pensar que la calidad de nuestras aguas puede mantenerse o recuperarse si no es a base de regulaciones e inversiones que permitan evitar y revertir los daños que la actividad de los seres humanos y sus múltiples artefactos, cada vez más numerosos y agresivos, causan al ecosistema marino.
Es cierto que los gobiernos que han gestionado el archipiélago a lo largo de las últimas décadas han hecho avances que ponen a las Balears en primera línea de la conservación marina no sólo en el Mediterráneo, sino incluso en todos los mares europeos. El Parque Nacional de Cabrera, cuatro parques naturales, doce reservas marinas de interés pesquero y otras figuras de protección, han conseguido que las islas puedan presumir de tener un 14% de su mar bajo algún tipo de protección, una cifra que aumenta hasta el 55% si se consideran exclusivamente las aguas interiores, bajo el control del Govern. La gestión de la flota pesquera balear, sin dejar de plantear algunos de los problemas de sostenibilidad, se lleva a cabo desde hace años con unos parámetros de rigor y modernidad que deberían exportarse al resto de los puertos mediterráneos. El saneamiento de las aguas residuales, una importante asignatura pendiente que se había ido de las manos hace ya más de veinte años, empezó a ser abordada con rigor por el govern del Pacte de Progrés, y ha sido mantenida e incrementada por el actual ejecutivo conservador en lo que se parece bastante a una política «de estado» que, independientemente del color político de los gestores, debe poner por delante los intereses ambientales, sociales y económicos de todos los ciudadanos. En esta lista de avances debe también incorporarse la decisión de poner orden en la creciente actividad de la pesca recreativa, cuyas capturas equivalen a las de la flota profesional artesanal, lo que implicará inevitablemente determinadas regulaciones y obligaciones. Baleares cuenta, además, con excelentes centros de investigación marina, como el IEO, Imedea, SOCIB, LIMIA y la UIB, que pueden asesorar en todas estas medidas.
Todas estas buenas noticias no deben llevarnos a la complacencia, porque el balance global, debido a la masificación y crecimiento de las actividades que afectan a la calidad de las aguas y a los índices de biodiversidad de los ecosistemas marinos, no es todavía positivo. A pesar de todos esos elementos prometedores, la degradación sigue avanzando, y los retos adicionales que presenta un cambio climático que amplifica el impacto de los seres humanos requiere ambición y rigor en las decisiones políticas, y vigilancia en su cumplimiento. También inversiones importantes.
Para contribuir a hacer frente a esta situación, en Marzo de 2023 la Fundació Marilles impulsó el Pacte Blau Balear, una iniciativa que incluye cinco compromisos para garantizar avances en la protección del mar Balear. Hasta el día de hoy, cerca de 180 entidades y empresas se han adherido al pacto. Desde asociaciones ecologistas a grupos hoteleros, clubs náuticos y de buceo, entidades bancarias y medios de comunicación, entre otros. Ello demuestra la transversalidad y el apartidismo de la iniciativa. El pacto requiere la creación de una red de santuarios marinos con una protección estricta y mayor que la actual, que cubra un 10% del mar de nuestras islas, lo cual es ya un requerimiento de la Unión Europea. Se deben poner en marcha planes de conservación y recuperación de hábitats y especies marinas vulnerables. Hay que garantizar una pesca sostenible, acabar con el furtivismo y con el comercio fraudulento de capturas pesqueras. También se tiene que avanzar sin interrupciones en mejorar la calidad de nuestras aguas litorales. Para que todo eso sea posible, hay que invertir un mínimo de un 1% de los presupuestos públicos en conservación marina, sin que en este porcentaje se incluyan los fondos dedicados a saneamiento y depuración de aguas, que por su volumen podrían enmascarar las bajas inversiones en otras actuaciones. Ese 1%, en el caso de los presupuestos del Govern Balear, rondarían los 65 millones de euros. Una minucia si se considera lo que está en juego.l