El Real Mallorca tiene previsto remitir hoy a la Federación Española de Fútbol los documentos que acreditan que los pasaportes comunitarios de Leo Franco y Cristian Díaz son legales y, por lo tanto, perfectamente válidos para que ambos futbolistas puedan actuar en la Liga sin ocupar plaza de extranjero. Los pasos a seguir son los siguientes. Primero los consulados de Italia en la Plata y Rosario, correspondientes a Díaz y Franco respectivamente, tienen que enviar al consulado italiano en Barcelona el documento por el cual se certifica que se a expedido, a través de las autoridades competentes, el pasaporte comunitario de los futbolistas y que éste haya sido inscrito en el correspondiente registro.
Desde Barcelona tienen que remitir al Mallorca estos informes que a su vez el club balear enviará a la Federación Española de Fútbol. Y todo esto tiene que hacerse prácticamente en un tiempo récord ya que hoy finaliza el plazo inicial ofrecido por la Federación para que se entregara la documentación exigida. Si finalmente el Mallorca no logra enviar a tiempo estos informes a Madrid, Leo Franco jugará como extranjero no comunitario en San Mamés, lo que supondrá un problema para Bernd Krauss.
Sin embargo, el hecho de que no se haya cerrado todavía el plazo para presentar la lista de jugadores inscritos para la Liga "expira el 17 de septiembre" motiva que el club tenga un margen de maniobra para improvisar sobre la marcha este fin de semana y el próximo. Tanto Leo Franco como Cristian Díaz tienen pruebas suficientes de que sus pasaportes son total y absolutamente legales y por ahí no existe la más mínima preocupación ni por parte de los jugadores ni tampoco por parte del Real Mallorca.
Sin embargo, la Federación quiere todas las garantías de que esto es así y de ahí la presión a la que, por cuestión de tiempo, se ve sometido el club y los dos profesionales. Franco jugó ante Las Palmas ocupando plaza de comunitario y la documentación entregada hasta la fecha se da por válida pero es, según la Federación, incompleta y habrá castigo para la entidad si no la acompaña de los documentos solicitados.