El empresario Santos Márquez, que medió en el fichaje del exportero del Real Madrid Iker Casillas por el Oporto, ha asegurado este jueves que ya estaba desvinculado de su socio cuando se hizo la operación, por la que se le acusa de un presunto delito de administración desleal. Una noticia que en su día adelantó Última Hora en exclusiva.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzga al agente, que se enfrenta a una pena de hasta seis años de cárcel. Márquez y el empresario que le denunció firmaron un contrato en 2008 para constituir una sociedad de servicios de intermediación y gestión en el mercado de fichajes.
El empresario, que actualmente tiene 66 años, ha indicado que el denunciante aportaba los fondos para las gestiones y él su «trabajo y conocimientos» como agente. Según ha dicho, acumula más de 40 años de experiencia en este campo.
La Fiscalía le acusa de haber iniciado en 2015 las actuaciones para el fichaje de Iker Casillas a espaldas de su socio para quedarse para sí todo el beneficio económico. Sin embargo, el acusado sostiene que en 2012 vendió su participación al padre de su socio; desde entonces considera que ya estaba desvinculado de la empresa, Mallorca Viva SL, y que el contrato original ya no tenía «ninguna validez».
A partir de ahí actuaba como «agente libre», si bien le propuso distintas operaciones a la sociedad, pero ya no trabajaba con ellos «en exclusiva». Según Márquez, sus antiguos socios sabían que también realizaba gestiones al margen de su colaboración con Mallorca Viva SL.
También ha remarcado que su participación en la operación con el exjugador del Real Madrid fue conocida por los medios de comunicación y que habría sido «imposible» mantenerlo en secreto. «Es que es Iker Casillas», ha enfatizado. Además, ha defendido que los viajes que hizo a Portugal que pagó la empresa fueron por gestiones relacionadas con Paulinho, otro futbolista representado por la sociedad, del que él era el agente. Asimismo, el acusado ha dicho que existe «una cantidad muy importante de dinero» que la sociedad todavía no le ha «liquidado».
La acusación particular, representada por el letrado Jaime Campaner, señala que entre Márquez y el perjudicado existía no sólo una relación profesional sino también de confianza, por lo que además de la apropiación indebida atribuye al acusado un presunto delito de estafa. Márquez ha rechazado contestar a las preguntas del letrado de su antiguo socio.
El fiscal pide por estos hechos cuatro años de prisión, una multa de 3.000 euros y que indemnice al denunciante con los 440.750 euros de las comisiones. Por su parte, la acusación particular reclama seis años de prisión, multa de 5.400 euros y la misma indemnización que la Fiscalía más 22.400 euros por los gastos de su actividad negociadora entre los meses de junio y julio. Además, añade una multa de 1,45 millones de euros para la sociedad con la que Márquez se benefició de las comisiones. El juez instructor requirió a Márquez que prestara una fianza de 550.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias.