La Federación de Pequeñas y Medianas Empresas de Mallorca (PIMEM) reclamó ayer la implementación de mayores facilidades para que las pymes puedan acceder a la contratación pública. La patronal se queja de que las pequeñas y medianas empresas solo acceden a un bajo porcentaje de los contratos públicos -en torno al 30 %- cuando su aportación al Producto Interior Bruto (PIB) ronda el 60 %.
Jordi Mora, presidente de PIMEM, compareció en compañía del director de la Comisión de Contratación Pública de la patronal estatal CONPYMES, Jaume Pallerols, para reivindicar la creación de una ley balear de contratación pública y el establecimiento de un mínimo del 25 % de contratación obligatoria a pymes por parte de las administraciones públicas.
Asimismo, se exige una mayor transparencia e información al respecto (mediante estudios estadísticos, por ejemplo), a fin de que, entre otras cosas, se pueda determinar los porcentajes en Baleares (se intuye que se puede situar cerca de los porcentajes estatal, del 33 %, o catalán, del 29 %).
«Estas cifras están muy por debajo de la aportación a la economía», se queja Pallerols para explicar que ante las pymes se alzan múltiples barreras en forma, sobre todo, de plazos, flujos de información o costes. «Los pliegos de las convocatorias suelen decir que las administraciones podrán contratar a pymes cuando tendrían que decir deberán», sentenció Pallerols. En ese sentido, insistió en la necesidad de «obligar» a los ayuntamientos y resto de administraciones a cumplir con unos mínimos cuando estén por debajo de la media.
Pallerols señaló que «llevamos hablando de estas cuestiones desde 2008». Por otro lado, abogó por que todas las entidades públicas se tengan que regir por una sola ley de contratación.
Mora, por su parte, hizo hincapié en la necesidad de dividir los concursos en «lotes más pequeños» para facilitar su acceso a las pymes, en aras de unas reglas del juego más justas y que no beneficien abiertamente a las grandes empresas. En ese sentido, el presidente de PIMEM aludió a las directrices europeas que instan a desarrollar normativas en ese mismo sentido y así «dejar de limitar el crecimiento y la sostenibilidad de las pymes».
Preguntado sobre lo sucedido con el Caso Mascarillas, Pallerols resumió que la urgencia fue determinante para la comisión de irregularidades en esta contratación. «Las prisas suelen ser malas consejeras».